El Papa León XIV se pronunció este domingo contra la pena de muerte, en medio de la determinación de transmitir en vivo el fusilamiento de un condenado en Estados Unidos. En su cuenta de X, afirmó que «la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona».
También sostuvo que «el bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital» y que «ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse».
El caso que detonó la controversia es el de Nidal Malik Hasan, expsiquiatra del Ejército de EE.UU., condenado a la pena capital por el asesinato de 13 soldados en 2009, en una base militar en Fort Hood, Texas. Según la información disponible, Hasan está actualmente en el Cuartel Disciplinario del país norteamericano, donde se mueve en una silla de ruedas tras quedar incapacitado de la cintura para abajo cuando la policía militar lo detuvo y sus balas lo alcanzaron.
Su ejecución estará a cargo de un pelotón de fusilamiento en diciembre. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que sería pública y luego, según consignó The Guardian, el Pentágono señaló que se retransmitiría en directo. Esas decisiones ya han levantado diferentes cuestionamientos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que esta emisión equivaldría a una ejecución pública y que «vulneraría la prohibición absoluta de la tortura», además de constituir una violación del derecho a la vida.
Donald Trump, por su parte, declaró a CNN sobre Hasan: «mató a 13-14 personas, lesionó gravemente a unas 20 y está totalmente loco, así que realmente no me importa cómo se vaya mientras se vaya. Creo que la pena de muerte es una manera muy apropiada para él».
Conviene mirar los incentivos. Convertir una ejecución en espectáculo no fortalece la justicia; la degrada. Cuando el aparato estatal decide exhibir la muerte como advertencia, el debate deja de ser solo penal y pasa a ser civilizatorio: qué límites acepta una democracia al ejercer su poder más extremo.
La polémica también recuerda que el orden institucional no se mide solo por la severidad del castigo, sino por la capacidad de aplicar la ley sin convertirla en escarmiento público. Para una sociedad que valora la libertad individual y la dignidad humana, el principio en juego es claro: el Estado debe proteger a los ciudadanos, no reclamar para sí una teatralidad que erosiona su propia autoridad moral.
