La consejera comercial de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Inmaculada Montero Luque, fue directa ante el sector agropecuario reunido en el Congreso de Aapresid en Rosario: las normas ambientales y sanitarias del bloque no están sobre la mesa. «No podemos negociar eso, no lo vamos a hacer», afirmó ante productores y funcionarios que siguen de cerca el avance del Acuerdo Mercosur-UE.
Montero Luque encuadró esa postura como una decisión política estructural, no una táctica de negociación. «Está en nuestro ADN la defensa de la lucha contra el cambio climático. Es un objetivo político», sostuvo, y agregó que Europa aspira a convertirse en «una bandera internacional» de sostenibilidad. El bloque, recordó, representa un mercado de 450 millones de consumidores donde la protección sanitaria funciona «casi como un mantra».
La funcionaria reconoció, sin embargo, que esas regulaciones generan tensiones incluso dentro del continente: «Los mismos argumentos que escuchamos aquí los escuchamos también en la UE». También admitió que el sector agrario europeo «fue el sector que más se opuso al acuerdo y que sigue oponiéndose». La contradicción interna de Bruselas —imponer estándares que sus propios agricultores cuestionan— no quedó sin registro en la sala.
Lo que sí resultó notable fue el elogio explícito a Argentina. «Si hay un país dentro de los cuatro que integran el Mercosur que ha hecho la tarea, es aquí», afirmó Montero Luque, en referencia a los avances en trazabilidad y sostenibilidad. Llegó a señalar que esa experiencia «me gustaría que se replicara en otros países».
Desde el lado argentino, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, subrayó el valor estratégico del acuerdo para un país que, según sus palabras, «ha estado fuera de las negociaciones internacionales por décadas, mientras nuestros principales competidores han negociado acuerdos con los principales mercados del mundo». Indicó que el 84% del intercambio bilateral tendrá desgravación total, y el resto accederá a preferencias parciales o cuotas específicas.
Tejeda describió el tratado como «el primero que refleja el cambio de época» en la política exterior económica argentina y el punto de partida de una agenda de apertura más ambiciosa. Al mismo tiempo reconoció que la agenda regulatoria europea «presenta desafíos», razón por la cual las negociaciones sobre comercio y desarrollo sostenible insumieron dos años adicionales. Según indicó, el Mercosur logró incorporar herramientas para evitar que las nuevas normas ambientales funcionen como barreras encubiertas.
Conviene mirar los incentivos. Para Argentina, el acuerdo representa una oportunidad histórica de nivelar condiciones frente a competidores que llevan décadas acumulando acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo. La ventaja en trazabilidad que reconoce la propia UE es un activo concreto, construido por el sector privado agropecuario con escaso apoyo estatal durante años de cierre comercial.
El dato importa más que el ruido: que Bruselas no negocie sus estándares no es una novedad ni un agravio; es la lógica de cualquier mercado que fija condiciones de entrada. El verdadero riesgo no es la norma en sí, sino que la burocracia europea —o la local— convierta requisitos técnicos en obstáculos administrativos que encarezcan el acceso para el exportador argentino. Esa vigilancia, más que la queja diplomática, es la tarea que sigue.
