La historia, escribe Antonio Navalon en El Financiero, «siempre termina sacando un billete de ida y vuelta». La frase resume con precisión lo que ocurrió en Ceuta: una entrada masiva, en menos de 24 horas, de alrededor de 49.000 personas procedentes de Marruecos y de otros países africanos. Cruzaron a pie, por mar y superando controles fronterizos. España tuvo que desplegar policías, guardias civiles y efectivos militares. La crisis dejó decenas de muertos y obligó a coordinar posteriormente con Rabat el regreso de miles de personas.
El episodio tiene un antecedente que conviene no perder de vista. El 6 de noviembre de 1975, mientras Francisco Franco agonizaba en Madrid, el rey Hassan II de Marruecos movilizó a cientos de miles de personas en la llamada Marcha Verde, con el propósito de entrar en el Sáhara español y forzar a Madrid a abandonar el territorio. La Corte Internacional de Justicia había determinado que, aunque existían ciertos vínculos históricos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus saharauis, esos lazos no constituían soberanía territorial ni anulaban el derecho del pueblo del Sáhara occidental a decidir su futuro. Marruecos avanzó de todos modos.
La operación de 2026 no es verde sino azul, por el color del mar. No hay columnas organizadas ni decreto real explícito. Pero la lógica de fondo guarda un parecido incómodo: una demostración de que un territorio pequeño, geográficamente aislado y políticamente sensible puede ser paralizado sin necesidad de conquistarlo formalmente.
El contexto geopolítico de entonces también merece atención. Hassan II mantenía una relación estrecha con Henry Kissinger y con la administración de Washington. Marruecos era pieza fundamental de la estrategia estadounidense en el norte de África: un contrapeso frente a Argelia, país cercano a la Unión Soviética y principal rival regional de Rabat. Reforzar a Hassan II significaba limitar la influencia soviética y preservar el equilibrio estratégico de Occidente en el Mediterráneo. La Marcha Verde pertenecía a esa lógica.
Cincuenta años después, los actores han cambiado pero los incentivos de Rabat siguen siendo reconocibles: Marruecos sabe que controla una variable crítica para la estabilidad del flanco sur europeo. Cada vez que la relación bilateral se tensa —por el Sáhara, por el gas, por el reconocimiento diplomático— el estrecho de Gibraltar se convierte en palanca de negociación. La «marcha azul» no necesita ser declarada oficialmente para cumplir su función.
Europa, por su parte, llegó a esta crisis con el mismo déficit estructural que arrastra desde hace años: fronteras exteriores cuya defensa efectiva depende, en la práctica, de la buena voluntad del país vecino. Cuando esa buena voluntad se retira, el aparato institucional de Bruselas reacciona con declaraciones, mientras son los estados nacionales —en este caso España— quienes despliegan uniformes y negocian retornos.
Conviene mirar los incentivos. Un socio que puede abrir o cerrar el grifo migratorio a voluntad no es estrictamente un socio: es un proveedor de estabilidad condicionada. Europa ha preferido durante décadas externalizar el control de sus fronteras meridionales mediante acuerdos de cooperación y transferencias financieras. El resultado es una soberanía delegada que, en momentos de tensión, se revela tan frágil como la que España ejercía sobre el Sáhara en noviembre de 1975.
El dato importa más que el ruido. Ceuta sigue siendo española. Pero 49.000 personas en 24 horas demuestran que la soberanía formal y la capacidad real de gobernar un territorio son dos cosas distintas. La historia no se repite con exactitud, pero sus mecanismos sí. Y los mecanismos siguen funcionando.
