La relación entre Estados Unidos y China atraviesa una tregua frágil. Tras el arancel del 34% anunciado por Trump el 2 de abril de 2025 y la represalia equivalente de Beijing, ambas partes dieron marcha atrás, se reunieron en Ginebra y prorrogaron una pausa que sigue vigente seis meses después.
Esa distensión no nació de la buena voluntad, sino del cálculo. Ambas capitales reconocieron que una confrontación dañaría gravemente a sus economías. Desde entonces, responsables estadounidenses y chinos han buscado formas más constructivas de colaboración en comercio e inversión, y también han mantenido comunicaciones militares con mayor frecuencia y a un nivel más alto.
Washington ha hecho concesiones que revelan la prioridad de evitar una nueva espiral. La Administración Trump aplazó nuevos paquetes de ayuda en defensa para Taiwán, dejó caducar el decreto ejecutivo que imponía restricciones al comercio con Hong Kong y redujo las patrullas navales estadounidenses en el mar de China Meridional.
Pero la calma tiene un límite. La relación sigue marcada por una influencia coercitiva mutua: Estados Unidos sigue reduciendo su dependencia directa de las importaciones chinas, aunque continúa expuesto al control de Beijing sobre minerales críticos procesados y productos intermedios. China, por su parte, reduce sus dependencias externas y redirige exportaciones hacia el Sur Global, pero sigue sometida a sanciones financieras de Estados Unidos y a ciertos controles a la exportación de tecnología.
El dato importa más que el ruido: ni Washington ni Beijing confían de repente el uno en el otro. Ninguno está dispuesto a bajar la guardia y abundan los focos de fricción. Un recrudecimiento grave por las sanciones de EE.UU. a Irán, el apoyo chino a Rusia o un error de cálculo sobre Taiwán podría empujar a ambas capitales hacia una postura más hostil.
El factor más inquietante, sin embargo, está en la inteligencia artificial. Ian Bremmer advierte que la falta de regulación internacional sobre su desarrollo y sus usos ya está generando riesgos en Estados Unidos, en China y para el mundo. Y como ambos países lideran con ventaja la innovación en IA, esa competencia se perfila como la mayor amenaza para la relación bilateral.
Beijing está apostando por modelos de código abierto y de bajo costo, lo que puede llevar la IA a más usuarios industriales y consumidores de Occidente y del Sur Global. Eso amplía la competencia y la recopilación de datos, algo que preocupa a la comunidad de inteligencia y defensa de Estados Unidos. Además, los modelos chinos traerán riesgos cibernéticos y biotecnológicos similares a los de los modelos estadounidenses pioneros.
La Administración Trump responderá en los próximos meses con restricciones al acceso chino a modelos estadounidenses y límites al acceso estadounidense a modelos chinos de peso abierto. También buscará ampliar la adopción global, no china, de la IA estadounidense. Si ambas potencias no gestionan este momento, Bremmer prevé una aceleración de la desconexión tecnológica entre ellas.
Ya hay señales en esa dirección. En julio, Estados Unidos prohibió la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero, una medida dirigida contra China. Trump también impuso aranceles de hasta el 100% a los drones, apuntando especialmente a los modelos chinos por motivos de seguridad nacional.
La cuestión central ya no es si habrá competencia, sino hasta dónde llegará la separación tecnológica. Para los mercados y para las cadenas globales de suministro, la respuesta importa más que cualquier gesto de distensión en Ginebra. Cuando la seguridad nacional entra de lleno en la economía, la libre empresa deja de competir solo por precio y pasa a chocar con la lógica del aparato estatal.
La historia sugiere cautela. Si Estados Unidos y China convierten la IA en otro frente de contención estratégica, el coste no recaerá solo en ambas potencias. También lo pagarán empresas, consumidores y gobiernos que dependen de reglas previsibles y de un orden internacional mínimamente estable. En ese terreno, la prioridad no es ganar cada pulso, sino evitar que la competencia destruya los incentivos que sostienen el comercio y la innovación.
