MADRID. El desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años, ha encendido una nueva oleada de protestas por la crisis de vivienda en España y ha puesto al gobierno de Pedro Sánchez bajo presión para responder con rapidez.
Decenas de miles de personas marcharon el sábado 26 de septiembre en Madrid para protestar por la expulsión de Abascal de un apartamento en el barrio de Retiro, donde había vivido durante más de siete décadas. El domingo, manifestantes pasaron la noche acampados en la Puerta del Sol y más personas, incluidas familias de varias generaciones, se sumaron a las movilizaciones.
Los manifestantes exigen medidas de protección para los inquilinos, el combate al fraude y la prohibición de desalojos cuando no exista una alternativa habitacional. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que encabezó las protestas, dijo que la «ola de indignación y rabia» es «ya imparable» y que permanecerán allí hasta que el gobierno apruebe nuevas leyes, incluidos contratos de alquiler indefinidos, y detenga desalojos como el de Abascal.
Abascal fue sacada de su apartamento el 23 de septiembre en una camilla y trasladada en ambulancia, mientras simpatizantes intentaban sin éxito frenar el desalojo. Desde la cama del hospital, dijo en un video: «No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas».
La imagen se extendió por toda España y alimentó críticas a las autoridades públicas y a las empresas de inversión inmobiliaria, a las que los críticos acusan de expulsar a los residentes al encarecer las viviendas. En un mitin del Partido Socialista en Madrid, Sánchez se dirigió directamente a Abascal y afirmó que el gobierno trabaja «contrarreloj» para llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley sobre Vivienda y pidió a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para convalidarlo en el Parlamento Nacional.
Medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló por primera vez el apartamento en 1956 y que ella siguió como inquilina bajo un alquiler controlado después de la muerte de sus padres. El edificio cambió de propietario en 2018 y, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo permitírselo.
Urbagestión, un fondo de inversión que después compró la vivienda, elevó el alquiler mensual de 500 euros a 2,650 euros. Luego lo redujo a 1,650 euros, una cifra que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.
El trasfondo es una tensión más amplia y más incómoda para cualquier gobierno: el aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los ingresos no han seguido el ritmo del encarecimiento de la vivienda, mientras el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades impulsado por la inmigración han añadido más presión sobre una oferta limitada.
El Banco de España estimó que el país tuvo el año pasado un déficit de unas 550,000 viviendas, y que Madrid, Barcelona y Valencia concentraron una parte sustancial.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el acceso a la vivienda se estrecha y el aparato estatal promete soluciones de urgencia, el conflicto entre propiedad, rentas reguladas y seguridad jurídica se vuelve inevitable. Si el gobierno opta por más intervención sin ampliar la oferta, el costo político puede crecer, pero el costo económico para inquilinos y propietarios no desaparece.
La protesta de Madrid recuerda además que la vivienda ya no es solo un asunto social; es una prueba de si las instituciones pueden proteger a los hogares sin erosionar los incentivos para invertir y construir. La historia sugiere cautela: cuando la escasez domina, la política suele repartir culpas antes que resolver el problema.
