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Kicillof adelanta a Milei y usa la visita de León XIV para exhibir sintonía política

La provincia de Buenos Aires declaró ciudadano ilustre al papa León XIV, autorizó mayores gastos para su visita y prepara un operativo de seguridad y logística que excede el tope legal previsto. El movimiento le da a Kicillof una foto política, pero también expone dinero público y capacidad estatal para una puesta en escena religiosa de alto costo.
Imagen generada con IA
Líderesviernes 2 de octubre de 2026

El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó la distinción al nuncio apostólico, Michel Wallace Banach, en un encuentro en la Nunciatura Apostólica. Cerca del mandatario celebraban que se haya anticipado al presidente Javier Milei.

La decisión llegó un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina y se apoyó en una serie de medidas administrativas y presupuestarias. Kicillof firmó un decreto que declaró de interés la visita en territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano. En paralelo, el presidente Milei ya había declarado de interés nacional la visita y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización.

El gobierno bonaerense argumentó que la recorrida de León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la misa multitudinaria en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional. A partir de esa definición, la provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo «de escala extraordinaria», en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.

Para ese operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para traslado, alojamiento y alimentación del personal afectado, además de servicios sanitarios y apoyo logístico. La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad vale $1677, por lo que ese tope equivale a $100.620.000.

El Poder Ejecutivo admitió que, según sus proyecciones, el importe del operativo excede ese límite. Por eso Kicillof autorizó mayores gastos, sin cuantificar la cifra final, en el mismo decreto en el que declaró de interés provincial la visita del Sumo Pontífice. Las partidas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad.

En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof y Banach repasaron los detalles del viaje apostólico, con foco en seguridad, asistencia sanitaria y logística. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que preparan el dispositivo para la convocatoria en Luján y también para el traslado al Cottolengo Don Orione.

La provincia busca además una imagen política de alto impacto: que León XIV se traslade en papamóvil por siete cuadras del Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze, hasta el barrio Don Orione. Esa posibilidad aún depende de la validación final de la Santa Sede y de la seguridad del Vaticano, según fuentes políticas bonaerenses y de la Conferencia Episcopal Argentina.

Kicillof ya comenzó a citar la encíclica Magnifica Humanitas y a destacar coincidencias con la justicia social. «La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo», dijo el gobernador. Añadió que el Papa trae «un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad».

Bianco fue más explícito al describir el tono que la provincia busca dar a la visita. Dijo que León XIV «continúa con el legado de Francisco» y que está «a favor de las políticas vinculadas con la justicia social».

La política bonaerense convierte así una visita religiosa en una escena de poder. Conviene mirar los incentivos: el gobierno obtiene visibilidad, una narrativa de sintonía con la Iglesia y una puesta en valor de su aparato de seguridad y logística. El costo, en cambio, recae sobre el presupuesto provincial y sobre una burocracia que ya admitió haber superado el tope legal previsto.

También importa el principio en juego. Cuando un gobierno declara de interés una visita y luego autoriza mayores gastos sin cuantificar la cifra final, la pregunta no es solo ceremonial sino institucional: cuánto dinero de los contribuyentes se compromete y bajo qué controles. La foto puede ser útil; la disciplina del gasto público lo es más.

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