Cinco empleados de Nuevo Carnic enfrentarán un juicio oral y público a partir del 25 de noviembre. La Fiscalía les atribuye el delito de robo con fuerza con circunstancias agravantes en perjuicio de Nuevo Carnic S. A.
La causa se abrió por bienes valorados en 1,288,000 córdobas, equivalentes a USD 35,124.08. La acusación sostiene que los hechos ocurrieron entre finales de junio y los primeros días de septiembre de 2026.
Los procesados son Vignarne Antonio Hurtado Narváez, Leonel Antonio Pastrán, Bryan Jorneth Ugarte García, Armando José Corea Zeledón y Hamilton Yuniel Sánchez García. La jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, resolvió enviar el caso a juicio tras la audiencia inicial del 6 de octubre.
Según la Fiscalía, los señalados habrían aprovechado los puestos que ocupaban dentro de la compañía para acceder a una bodega y retirar objetos sin autorización. Entre los bienes mencionados figuran herramientas, materiales eléctricos y equipos de la empresa procesadora de carne.
La investigación interna comenzó después de que José Núñez Melgara, apoderado de Nuevo Carnic S. A., recibió llamadas anónimas sobre presuntas irregularidades. A partir de esa información, la compañía inició una investigación interna que permitió detectar los presuntos robos y establecer la supuesta participación de los cinco trabajadores, según la acusación fiscal.
La Fiscalía sostiene que el grupo manipuló las cámaras de seguridad, utilizó vehículos de la empresa y trasladó los bienes a una vivienda antes de llevar parte de la mercancía a ferreterías de Masaya. La acusación también indica que los bienes habrían sido comercializados tras salir de la propiedad de la compañía.
El expediente atribuye a los acusados tres episodios. El primero habría ocurrido el 27 de junio. En ese hecho, Ugarte García, encargado del monitoreo de las cámaras, presuntamente alteró el sistema para que los desplazamientos dentro de las instalaciones no quedaran registrados. Corea Zeledón habría ingresado sin autorización a la bodega número cuatro y retirado herramientas y materiales. Luego, la carga fue llevada en una camioneta de la empresa, conducida por Pastrán, hasta la vivienda de Hurtado Narváez. Desde allí, Sánchez García presuntamente trasladó los materiales a un camión con destino a comercios de materiales de construcción en Masaya.
La Fiscalía también atribuyó al grupo dos operaciones similares, fechadas el 5 y el 20 de agosto. En el segundo episodio, Hurtado Narváez habría permitido el acceso a su oficina para obtener la llave de la bodega. Ugarte García habría vuelto a intervenir las cámaras de vigilancia. Según la acusación, Sánchez García y Pastrán entraron al lugar para retirar abanicos industriales, alambre eléctrico, tubos galvanizados y varillas de hierro, entre otros bienes. La carga habría sido llevada otra vez a la vivienda de Hurtado Narváez y después habría salido para su venta.
En un tercer hecho, los acusados habrían intentado involucrar a otro trabajador de la empresa. Parte de los objetos fue trasladada a la casa de Aarón Aníbal Medina, quien no fue incluido entre los acusados. De acuerdo con la imputación, habría aceptado guardar los materiales porque creyó que la solicitud procedía de uno de sus superiores.
Núñez Melgara figura entre los testigos que presentará el Ministerio Público en el proceso. Su declaración formará parte de los elementos que la Fiscalía llevará ante el juzgado.
La historia sugiere cautela. Cuando una empresa debe recurrir a una investigación interna tras llamadas anónimas, el costo no se limita a lo sustraído. También se resiente la disciplina interna, se deteriora la confianza y se multiplican los incentivos para que la desorganización se vuelva costumbre.
Conviene mirar los incentivos. La economía privada depende de reglas claras y controles efectivos. Si estos fallan, el perjuicio no es solo para la empresa afectada. También lo pagan trabajadores honestos, proveedores y consumidores que terminan enfrentando más costos y menos eficiencia.
