Con los alegatos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, comenzó este miércoles la etapa crucial del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Hoy se conocerá si el Ministerio Público pedirá o no condenas para los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados. La audiencia fue prevista para las 10 en el edificio de los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, y el debate está a cargo de los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.
Los siete acusados llegaron a juicio imputados de homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.
El debate comenzó el 14 de abril pasado, con los lineamientos de los acusadores y de las defensas. Se trata del segundo juicio: el primero fue declarado nulo después de conocerse, en 2025, que la jueza Julieta Makintach había permitido la grabación de un documental sin consentimiento de las partes, lo que derivó en su destitución y obligó a reiniciar el procedimiento.
En su presentación inicial, Ferrari dijo que «queremos que haya verdad» y sostuvo que «Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte». También habló de un «grupo de improvisados» al referirse a los acusados. En medio de su exposición, mostró una hoja en blanco para representar lo que hicieron los imputados que estuvieron al cuidado de Maradona.
En este segundo juicio hubo 45 audiencias y 103 declaraciones, entre testimonios e intervenciones de los imputados. Antes de los alegatos, Luque dijo: «Nadie hizo nada mal, pero vamos a defender responsabilidades y voy a defender la mía». También afirmó que Maradona murió de «un evento súbito, agudo e impredecible».
Cosachov dijo: «Lamento mucho lo que pasó» y agregó que siempre trató de hacer «lo que mejor sé, lo que pude». Sostuvo además que siempre sugirió un médico clínico y un neurólogo.
Forlini afirmó que actuó «siempre queriendo lo mejor para el paciente» y que los roles estaban bien definidos. Dijo que Cosachov le dejó en claro que los médicos tratantes eran ella y Luque, y agregó que no tuvo «interés económico ni personales» ni conflictos con el paciente o la familia.
Di Spagna, por su parte, dijo que hacía cinco años esperaba este momento y que su accionar estaba supeditado a lo que ordenara Forlini. También sostuvo que sugirió estudios complementarios.
Después de los alegatos de la fiscalía será el turno de los acusadores privados, los representantes de la familia. Para hoy también se espera la palabra de Eduardo Ramírez, abogado que lleva adelante los intereses de Diego Armando Maradona Sinagra, el hijo italiano del astro mundial del fútbol.
Conviene mirar los incentivos. Un proceso que ya pasó por una nulidad, una destitución y decenas de audiencias expone algo más que una disputa judicial: muestra la fragilidad de los mecanismos que deberían ordenar responsabilidades cuando falla el cuidado de una persona.
La historia sugiere cautela. Si la justicia concluye que hubo delitos, el caso dejará una señal sobre el valor de la responsabilidad profesional; si no, quedará abierto el debate sobre hasta dónde llega el deber de cuidado y quién responde cuando todos dicen haber cumplido su rol. En cualquier escenario, el dato importa más que el ruido: la sociedad no solo espera un veredicto, sino una definición institucional que cierre una herida largamente abierta.
