Iustitia Europa confirmó que concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 con Luis María Pardo como candidato a la Presidencia del Gobierno.
La organización hizo el anuncio en la red social X tras el adelanto electoral comunicado este lunes por Pedro Sánchez.
El partido ejerce la acusación popular en varios procesos judiciales que afectan al Ejecutivo. Entre ellos figuran las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Ceuta, el caso Leire Díez y el caso Koldo.
También interviene en el Tribunal Supremo. Allí denunció los supuestos efectos electorales de la llamada ley de nietos y logró que los magistrados acordaran una suspensión cautelar.
Además, participó en las causas abiertas a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno.
A finales de septiembre, la organización designó a Pardo como candidato presidencial en un congreso general de afiliados. Según el partido, su candidatura fue respaldada sin votos en contra.
Pardo llamó a la unidad de los españoles que sienten que ningún partido político les representa. Dijo que esa unidad debía incluir a personas de izquierdas, de derechas o sin identidad ideológica.
También pidió combatir la corrupción, despartidizar las instituciones y cambiar las reglas del sistema.
Al no tener representación electoral, Iustitia Europa deberá reunir al menos la firma del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretenda presentarse.
Conviene mirar los incentivos. Un partido que ha hecho de la batalla judicial una plataforma política intenta ahora convertir ese capital en votos. El dato importa más que el ruido: en una democracia sana, la vía institucional debe servir para arbitrar conflictos, no para reemplazar el juicio de los electores.
La candidatura de Pardo también pone el foco en un problema más amplio. Cuando la corrupción, la desconfianza y el desgaste del sistema abren espacio a formaciones de este tipo, el coste final recae sobre la credibilidad de las instituciones y sobre el contribuyente, que termina financiando un aparato político cada vez más fragmentado. La salida no está en más opacidad ni en más partidismo, sino en reglas claras y en un Estado que vuelva a ser previsible.
