El Gobierno de Irán aseguró este martes que está preparado «para todos los escenarios» en caso de reactivación de la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel. La advertencia incluye la posibilidad de suspensión de vuelos y servicios ferroviarios, aunque sin más detalles sobre medidas concretas.
«Algunos asuntos relativos al cierre de pasos fronterizos son solo rumores y especulaciones, pero el Gobierno está preparado para todos los escenarios», dijo la portavoz del Ejecutivo, Fatemé Mohajerani. Añadió que, «debido a las condiciones de guerra, no es posible explicar las soluciones adoptadas».
Mohajerani también señaló que las restricciones relativas a cancelaciones de vuelos, bloqueos del servicio de ferrocarriles y las especulaciones sobre los cruces fronterizos son, según Irán, ejemplos de lo que sostiene desde hace años: que «el objetivo es Irán y la vida de su pueblo», según recogió la agencia iraní Mehr.
En la misma comparecencia, la portavoz afirmó que «Estados Unidos no ha hablado nunca de forma más abierta sobre eliminar una civilización», en referencia a las amenazas de ese país bajo el presidente Donald Trump. «Sin embargo, se llevará este deseo a la tumba», añadió.
Más allá de la retórica, el episodio vuelve a mostrar el costo que pagan las economías y las sociedades cuando la disputa entre Estados escala al plano militar. Conviene mirar los incentivos: cuando un gobierno habla de suspensiones de vuelos, ferrocarriles y pasos fronterizos, no solo administra mensajes; también reconoce que el margen de maniobra se estrecha para empresas, viajeros y transportistas.
La región entra así en una fase en la que la seguridad desplaza a casi cualquier otra prioridad. Para la vida civil, eso suele traducirse en más control, más incertidumbre y menos normalidad. Para el orden internacional, es otra señal de que la fuerza sigue pesando más que las instituciones cuando las grandes potencias elevan la tensión.
Irán intenta proyectar control mientras sugiere que puede absorber un nuevo choque. Pero el costo de esa postura rara vez lo paga el aparato estatal en primer lugar. Lo pagan la población, la libre circulación de bienes y personas y, al final, una economía que necesita previsibilidad para funcionar.
