Durante meses, los jóvenes de India se han arriesgado físicamente para ser escuchados. En Nueva Delhi y otras ciudades, han saltado barricadas, enfrentado a la policía y convertido las redes sociales en una herramienta de presión política.
La figura más visible de esta oleada es Neha Bora, presidenta nacional de la All India Students’ Association (AISA), quien ha sido detenida en varias ocasiones mientras intentaba llegar a las protestas. Según el relato de su propia actividad pública en Instagram, mostró moretones tras los choques con la policía de Delhi y prometió que al día siguiente marcharían de nuevo para defender «nuestra libertad» y «nuestro derecho a protestar».
El trasfondo es una erosión del espacio para la disidencia bajo el mandato de Narendra Modi. Las protestas, marchas y huelgas, que alguna vez fueron comunes en la capital, se han reducido en la última década. El gobierno incluso se ha negado a permitir manifestaciones en la única «zona designada», Jantar Mantar, donde antes habían quedado confinadas.
La secuencia más reciente arrancó durante el verano, cuando los estudiantes exigieron la renuncia del ministro de Educación por repetidos escándalos en los exámenes de ingreso a la universidad. Algunos manifestantes, incluida Bora, iniciaron huelgas de hambre prolongadas. La policía respondió con cañones de agua, gas lacrimógeno y escopetas de perdigones. La indignación fue suficiente para forzar una concesión poco común: el ministro renunció.
Ahora la protesta ha cambiado de foco. Los manifestantes denuncian la eliminación de más de 130 millones de nombres del padrón electoral de India y sostienen que fue una maniobra política para favorecer al partido de Modi, algo que el partido gobernante niega. También exigen la renuncia de Gyanesh Kumar, jefe de la comisión electoral del país.
La dimensión política del conflicto es clara: la presión sostenida en la calle ha abierto una grieta en el control que Modi construyó durante sus doce años en el cargo. A la oposición tradicional le costó lograrlo; a estos grupos juveniles, en cambio, les ha bastado combinar movilización física y uso creativo de las redes sociales.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un gobierno responde al disenso con más fuerza que apertura, el costo institucional rara vez desaparece; se traslada a la calle, a la policía y a la autoridad electoral. El dato importa más que el ruido: seis detenciones en dos días, miles de nombres borrados del padrón y una protesta que sigue creciendo sugieren que el problema no es solo de orden público, sino de legitimidad.
Para India, la pregunta ya no es si los jóvenes pueden hacer ruido. Es cuánto margen tiene el Estado para reducir la protesta sin convertirla en una prueba cotidiana de autoridad. Cuando la libertad de reunión se estrecha, el aparato estatal gana control inmediato, pero pierde algo más delicado: la capacidad de canalizar el descontento antes de que se vuelva ingobernable.
