Un tribunal local puso este domingo en libertad bajo medidas cautelares a los tres principales líderes del movimiento juvenil de la generación Z india, el Cockroach Janta Party (CJP), tras permanecer 24 horas detenidos en Nueva Delhi por encabezar las protestas contra la Comisión Electoral del país.
La Policía de Delhi informó que la liberación quedó condicionada a no cometer ningún acto que «altere el orden público» durante un año. Los tres activistas habían sido interceptados el sábado a bordo de un avión, nada más aterrizar en el aeropuerto de la capital.
El fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, escribió en X que «Modi, como primer ministro, es una vergüenza para la India». Añadió que el país nunca ha visto «a un cobarde y un abusón más grande».
El CJP llamó a la ciudadanía a continuar la protesta este domingo hasta conseguir la renuncia del jefe del organismo electoral. Un portavoz del grupo, Ajinkya Shinde, afirmó en un vídeo difundido en redes: «Donde os detenga la policía, convertid ese lugar en vuestro Jantar Mantar». También dijo: «No nos moveremos hasta que dimita Gyanesh Kumar».
El movimiento denunció que al menos 7.000 personas fueron detenidas temporalmente a lo largo de la jornada del sábado. Además, Dhruv Rathee, personaje público e integrante del movimiento, dijo que fue retenido durante 22 horas sin acceso al teléfono ni a su abogado.
Tras la liberación anoche de más de 3.000 manifestantes y líderes opositores, según las autoridades, Nueva Delhi continúa este domingo bajo un estricto cordón policial. En paralelo, el Tribunal Supremo celebra una sesión especial para examinar el cierre masivo de la ciudad durante las protestas.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una protesta juvenil logra arrastrar a miles de personas y obliga a desplegar un cordón policial masivo, el debate deja de ser solo electoral y pasa a ser institucional. El dato importa más que el ruido: la autoridad intenta preservar el orden público, mientras los manifestantes buscan forzar una renuncia.
La historia sugiere cautela. Si la Comisión Electoral queda bajo sospecha y la respuesta del Estado se mide sobre todo en detenciones y restricciones, la confianza en las instituciones se erosiona. Para cualquier país, y más para una democracia que dice apoyarse en reglas, el equilibrio entre seguridad y libertad no puede resolverse solo con fuerza.
