Cuando llegue fin de año, volverá a hablarse de un balance calamitoso en términos de venta de entradas del cine argentino. Y también volverá a discutirse por qué sucede esto y si conviene subsidiar o no.
El punto de partida es incómodo para cualquiera que quiera mirar los incentivos. La industria audiovisual puede ser estratégica por motivos económicos y pragmáticos: produce material exportable con valor agregado, difunde un país y puede atraer inversiones. También puede impulsar otras industrias y esquemas financieros virtuosos.
Por eso países como Francia, España, Brasil o varios estados de los EE.UU. tienen herramientas para favorecer la producción audiovisual y asociar actores externos a su existencia. En la Argentina, en cambio, se ha optado sobre todo por el subsidio directo basado en un esquema de precalificación, con un libre arbitrio que ha impedido que actores alejados del audiovisual se sumen a la producción y hagan crecer la industria.
La discusión no es abstracta. Cuando el gobierno cambió el acceso a los subsidios, el mundo del cine local sostuvo que eso impediría la aparición de un cine independiente, pequeño y de riesgo. La objeción no resiste del todo el examen económico: no parece posible tener una industria sin productos industriales. Y si un cine solo puede vivir porque el Estado pone el dinero, no es independiente.
En España aparece un esquema que combina ayudas directas y crédito fiscal. El ICAA puede otorgar ayudas directas para películas masivas de hasta el 50% del costo de producción, con un límite de entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Luego existe un sistema selectivo para óperas primas y cine experimental con ayuda similar.
Pero el mecanismo más interesante es el incentivo fiscal. Hay un crédito fiscal de hasta el 30% de devolución para el primer millón gastado en España, y un 25% para el resto del gasto. Aunque no se vende ni se transfiere de forma directa como un título público, puede cederse el derecho a su deducción a través de contratos de financiación o AIE, lo que permite contar con cash al productor audiovisual. El esquema también contempla ajustes para coproducciones.
En algunos estados de los EE.UU., como Georgia, se ofrece hasta un 30% de crédito fiscal transferible a un privado como un certificado o una letra que se negocia a cambio de dinero fresco.
El caso francés es distinto. Allí existe un impuesto sobre las entradas del 10,72% y, sobre esa base, tres mecanismos. Uno consiste en una devolución del Estado al productor por cada entrada; ese dinero queda en una cuenta que solo puede usarse para producir más audiovisual. Además, hay un crédito impositivo del 30%, y de hasta el 40% si tiene efectos especiales importantes realizados en Francia, para producciones internacionales. Las plataformas de streaming, por su parte, están obligadas a invertir entre el 20 y el 25% de sus ingresos en Francia en producción audiovisual francesa.
Brasil también mezcla instrumentos. Tiene un fondo propio del Estado que se emplea en producción y vuelve al Estado en socio directo, como coproductor. Además, permite a empresas y particulares deducir del Impuesto a la Renta el dinero puesto en películas. Y ofrece un incentivo al distribuidor internacional: está exento del impuesto a la remesa de utilidades si utiliza el 70% de ese ahorro en producción local.
Estos sistemas tienen una lógica común: favorecen mecanismos de inversión, incentivos para que entren actores ajenos al cine y desarrollo de industrias locales. Filmar en Georgia mueve catering, construcción, logística y mucho más. Sobre todo, obliga a los productores a aprender a vender sus productos, buscar socios y crear nuevos circuitos.
La Argentina sigue, por ahora, más cerca del subsidio puro que de ese ecosistema de incentivos. Y ahí está el dilema de fondo: si el objetivo es una industria viva, el dinero de los contribuyentes no debería ser el único combustible. Conviene mirar los incentivos.
La historia sugiere cautela con las soluciones cómodas. El subsidio directo puede sostener una oferta mínima, pero no garantiza audiencia, competitividad ni disciplina comercial. Un esquema que combine reglas claras, inversión privada y beneficios tributarios podría ser más exigente para el sector, pero también más sano para el contribuyente y más útil para una industria que quiera dejar de depender del Estado.
