La Guardia Revolucionaria iraní informó este sábado de un «enorme incendio» en un superpetrolero que transportaba crudo cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz «por una ruta no autorizada».
Según ese comunicado, el buque habría sufrido una gran explosión tras impactar contra una mina marítima en una «ruta declarada peligrosa». La Guardia Revolucionaria añadió que el superpetrolero habría desactivado sus sistemas de navegación y posicionamiento para esa maniobra.
Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, dijo que el incendio es «muy grande» y que su humo «es claramente visible para la gente que vive en la costa». La misma fuente citó a la organización al advertir que «todos los petroleros que intenten ignorar las leyes de seguridad del estrecho de Ormuz terminarán en un terrible incendio».
Por el momento no hay información sobre el incidente procedente de la agencia de comercio marítimo de la Armada británica, la UKMTO, organismo encargado de recopilar información sobre problemas de navegación en ese punto estratégico.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una vía marítima como Ormuz aparece asociada a explosiones, minas y advertencias militares, el costo no recae solo en un buque: se amplifica sobre aseguradoras, armadores, comerciantes y consumidores. El dato importa más que el ruido: la estabilidad de esa ruta sostiene una parte relevante del orden energético internacional.
También hay una lección política. Cada vez que la seguridad del estrecho queda en entredicho, el poder de arbitraje se desplaza hacia quienes controlan el riesgo y no hacia quienes dependen de la libre circulación. Eso perjudica al comercio, encarece la logística y refuerza la idea de que la seguridad de las rutas marítimas no es un detalle técnico, sino una condición básica para la prosperidad.
