El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le comunicó personalmente a Alejandro Santana, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y representante de Los Lagos, los números considerados para los gobiernos regionales en la Ley de Presupuesto.
Según Santana, habrá una reducción de 6% que deja a las autoridades regionales con una «sensación amarga» y de «preocupación». Por eso, el próximo lunes, a las 9:00 h, se reunirán con Quiroz para buscar que «en el debate legislativo se ajuste ese guarismo».
Santana dijo que la propuesta incluye varios elementos que, a su juicio, son discutibles. Entre ellos mencionó que el 3% que se saca todos los años por emergencia desde el nivel central no se rebajará en 2027, y que los gobiernos regionales con buena ejecución presupuestaria podrían acceder, a mitad de año, a un 7% adicional de presupuesto.
Pero puso el foco en lo que considera el punto más complejo: no todos los gobiernos regionales tienen la misma política de financiamiento de proyectos y programas. Dijo que algunos concentran financiamiento de programas o proyectos sectoriales, es decir, de servicios o ministerios, y que ahí existe una «ineficiencia en la ejecución presupuestaria» que calificó de «brutal».
También señaló que la discusión no es ideológica. A su juicio, se trata de sentido territorial, autonomía y fortalecimiento de los gobiernos regionales. Agregó que si hay materias que mejorar o rechazar, no cree que haya un parlamentario de Chile que vote a favor de algo que afecte a su región.
Santana fue más lejos al sostener que sería «un error del Ejecutivo» que la salida del conflicto se produzca por el rechazo de alguna partida o glosa del Presupuesto asociado a los gobiernos regionales, y no por un acuerdo con los gobernadores y una propuesta consensuada con los parlamentarios.
En términos prácticos, la señal importa porque revela un pulso clásico entre el centro y las regiones: el aparato estatal busca ordenar cifras, mientras los gobiernos regionales piden preservar margen de acción y no cargar con fallas de ejecución que atribuyen a servicios y ministerios. Conviene mirar los incentivos. Si el presupuesto premia eficiencia, el diseño debe medir bien qué se está evaluando y a quién.
La historia sugiere cautela. Un recorte que no distingue entre ejecución propia y ejecución arrastrada por otras reparticiones puede terminar castigando la autonomía regional en nombre de la disciplina fiscal. Y si el Ejecutivo no logra cerrar un acuerdo, el costo político no será solo legislativo: también será una señal de debilidad en su capacidad de ordenar al Estado sin abrir una nueva fricción con el territorio.
