Carlos Fernando Galán respondió a Gustavo Petro después de que el expresidente lo llamara «cómplice de un genocidio» por la actuación de la Policía durante una movilización propalestina realizada el 7 de octubre de 2026 cerca de la Embajada de Israel en Bogotá.
Galán dijo que sus decisiones frente a las protestas buscan preservar el derecho a la manifestación pacífica, pero también proteger a la ciudadanía y al personal de diálogo cuando se presentan hechos violentos. «No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?», expresó.
El alcalde negó la acusación y sostuvo: «Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas». También afirmó que la administración distrital garantiza las movilizaciones que se desarrollan sin hechos de violencia.
Según Galán, durante la jornada atacaron una iglesia y una gestora de diálogo fue agredida y trasladada a un centro asistencial. Por esas razones, dijo, se ordenó la intervención de la Policía. «Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía», señaló.
El alcalde añadió que esa será su instrucción a la fuerza pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos. Conviene mirar los incentivos: cuando la política convierte cada episodio de orden público en una batalla retórica, el margen para la prudencia se reduce y el ciudadano termina pagando el costo.
La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, también denunció daños en las inmediaciones de la sede diplomática después de la movilización. Dijo que una «turba» se reunió frente a la embajada y calificó los hechos como vandalismo. Sostuvo además que «dañar, ensuciar y destruir el espacio público no es protesta: es vandalismo».
La protesta fue convocada en rechazo al restablecimiento de las relaciones entre Colombia e Israel. Los participantes se concentraron inicialmente cerca de la sede diplomática israelí y luego avanzaron por la capital.
En el fondo, el episodio deja una advertencia sobre el equilibrio entre la protesta y la autoridad. La libertad de manifestación merece protección, pero también la requiere el derecho de terceros a no ver destruidos bienes públicos ni amenazada la seguridad de quienes intervienen para contener la violencia. El dato importa más que el ruido: cuando hay agresiones, daños y confrontación, el Estado no puede limitarse a mirar.
También queda expuesto el costo institucional de la escalada verbal. En una coyuntura ya cargada, la responsabilidad de los líderes consiste en desactivar la tensión, no en multiplicarla. Si la discusión pública se acostumbra a tratar como traición o complicidad cualquier decisión de orden, la gobernabilidad se vuelve más frágil y la protesta pierde legitimidad ante los ojos de la ciudadanía.
