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Ford contra Duffy: la alianza con Geely divide a Washington y Valencia

El fabricante estadounidense califica de «errores factuales» la carta del secretario de Transporte y defiende su acuerdo con la firma china como motor de empleo y competitividad. El choque ilustra la tensión entre política industrial y libre empresa.
Imagen generada con IA
Negociosmiércoles 9 de septiembre de 2026

Ford rechazó públicamente las críticas del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, a sus vínculos con empresas chinas y calificó de «equivocada» y plagada de «errores factuales» la carta en la que Duffy cuestionó, entre otras operaciones, la alianza del fabricante con Geely en la planta española de Almussafes, en Valencia.

En un comunicado emitido la noche del martes, Ford afirmó haber «hecho más por la industria manufacturera estadounidense que prácticamente cualquier otra» compañía, y se describió como el fabricante que más vehículos produce y exporta desde Estados Unidos y que más trabajadores industriales emplea en el país. La empresa acusó además a Duffy de intentar «acaparar titulares» a su costa.

Duffy había expresado su «profunda preocupación» por lo que considera una creciente dependencia de Ford respecto de tecnología y empresas chinas, dependencia que, a su juicio, amenaza la seguridad económica estadounidense y la independencia de sus cadenas de suministro. Entre los ejemplos citados, el secretario señaló el acuerdo con Geely como una vía para que un «adversario estratégico» afiance su presencia en los mercados occidentales.

Los términos del pacto son concretos: Ford mantendrá el 66% de la sociedad conjunta y Geely el 34%, participación por la que la firma china desembolsó 221 millones de euros. La alianza prevé fabricar cinco modelos en Almussafes y comenzar la producción a partir de 2028, además de ampliar la plantilla actual de unos 4.100 trabajadores. La planta tiene capacidad potencial para producir alrededor de 500.000 vehículos anuales.

Duffy también criticó el uso por parte de Ford de tecnología de baterías de la china CATL en Michigan y sus conversaciones con BYD. Ford replicó que su acuerdo con CATL es únicamente de licencia tecnológica y servicios, que la fábrica es íntegramente propiedad de Ford y que emplea a unos 1.700 trabajadores estadounidenses. La compañía negó además haber propuesto un marco para facilitar la creación de empresas conjuntas chinas en Estados Unidos, como le atribuye Duffy, y reprochó al secretario no haber contactado con Ford antes de hacer pública su carta.

Para España, el acuerdo es especialmente relevante: está considerado clave para asegurar el futuro de la factoría valenciana, y Ford y Geely lo presentaron como una fórmula para reducir costes en un mercado europeo sometido a fuerte competencia.

Conviene mirar los incentivos. La administración Trump tiene razones estratégicas para presionar a sus propias empresas cuando estas transfieren capacidad industrial o tecnológica a socios chinos; la preocupación por las cadenas de suministro no es retórica vacía. Pero la forma importa: una carta pública con datos que la propia empresa califica de inexactos, sin consulta previa, se parece más a una señal política que a una política industrial coherente.

El dato importa más que el ruido. Ford emplea trabajadores estadounidenses, paga impuestos en Estados Unidos y mantiene el control mayoritario de la joint venture. Si el objetivo es preservar la manufactura nacional y reducir la dependencia de Beijing, el instrumento adecuado son reglas claras y estables —aranceles, requisitos de contenido local, auditorías de cadena de suministro— no cartas de presión que generan incertidumbre jurídica para cualquier empresa que deba tomar decisiones de inversión a largo plazo. La libre empresa necesita marcos predecibles, no arbitrariedad ejecutiva.

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