La familia de Johan Sebastián Higuera Naranjo pidió a la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja que intervenga para encontrarlo, luego de perder contacto con él el 11 de agosto.
De acuerdo con Jaime Higuera Rueda, padre del joven, de 29 años, la última información disponible apunta a que habría sido incorporado a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. También dijo que no tiene noticias sobre la ubicación de su hijo desde esa fecha.
Higuera contó que Sebastián salió de Bogotá el 11 de mayo de 2026 con destino a Montenegro, tras recibir una oferta laboral relacionada con temas de seguridad personal. Según relató, la oferta la hizo una persona identificada como «Ramón», de una empresa llamada «Iron Group».
El 22 de mayo, la familia vio en la cuenta de Instagram de Sebastián que aparecía firmando documentos cuyos encabezados parecían corresponder a su incorporación a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Más adelante, el 14 de junio de 2026, Sebastián habría contado a una amiga, a través de un chat, que se encontraba en una base ubicada en Ucrania.
La secuencia de comunicaciones siguió en julio. El 5 de julio de 2026 se comunicó con su familia por WhatsApp con un número cuyo prefijo era +7, asociado a Rusia y Kazajistán. El 11 de julio volvió a comunicarse desde otro número con el mismo prefijo.
La última señal llegó el 11 de agosto de 2026, cuando la familia recibió un audio de Sebastián. Desde entonces, dicen, no han podido establecer nuevamente contacto ni obtener información verificable sobre su ubicación, su estado de salud o su situación actual.
En su petición, los familiares solicitaron que se verifique si fue capturado, detenido o si estaría como prisionero de guerra; si se encuentra hospitalizado, falleció o si enfrenta cualquier otra circunstancia. También pidieron que el CICR los oriente para abrir una solicitud formal de búsqueda y realice gestiones humanitarias para dar con su paradero.
La familia admitió que este tipo de gestiones puede enfrentar límites de acceso, seguridad y disponibilidad de información, pero insistió en que el caso sea atendido con la mayor prontitud posible.
Conviene mirar los incentivos: cuando una familia queda a ciegas sobre el paradero de un ciudadano en una zona de guerra, el costo humano recae por completo sobre los allegados, mientras el aparato estatal y las instituciones humanitarias quedan como única vía para ordenar un expediente que, por ahora, solo acumula incertidumbre.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es una disputa retórica, sino el derecho básico a saber dónde está una persona, en qué condición se encuentra y qué autoridad responde por ella. Cuando las guerras desdibujan esas certezas, la protección de la persona queda reducida a la capacidad real de las instituciones para buscar, verificar y responder.
