Desde enero de 2023, México ocupa el primer lugar como exportador hacia Estados Unidos, superando a China, Canadá, Taiwán y Vietnam. El dato es real y merece reconocimiento. El problema es lo que ese dato no dice.
Según cifras del Banco Mundial citadas por el economista Manuel Sánchez González, el crecimiento promedio anual del PIB per cápita en términos reales entre 1990 y 2024 se ubicó en aproximadamente 1,1 por ciento, «uno de los más bajos entre las economías emergentes». El contraste con Asia es difícil de ignorar: durante el mismo periodo, el ingreso real por habitante creció en China siete veces más que en México, cuatro veces más en Taiwán y tres veces y media más en Corea del Sur.
Lo que hace el dato más incómodo es la ventaja de partida que México desperdició. Ninguna de esas economías asiáticas comparte frontera con Estados Unidos ni cuenta con un tratado comercial que garantice acceso preferencial al mercado más grande del mundo. México sí. Y aun así, el resultado en bienestar general ha sido inferior.
La explicación estructural que ofrece el análisis apunta a un modelo de integración basado en costos, no en innovación. Las manufacturas mexicanas —especialmente en los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial— incorporan un alto contenido importado, generan bajo valor agregado interno y mantienen vínculos limitados con proveedores nacionales. El sector exportador funciona, en palabras del propio análisis, como un «enclave»: las ganancias de productividad no se extienden al resto de la economía.
Asia del Este siguió otra ruta. Invirtió en investigación y desarrollo, educación e infraestructura, y buscó que sus propias empresas ascendieran en la cadena de valor. Las exportaciones no fueron el destino, sino el instrumento para aumentar la productividad total. La diferencia conceptual es precisa: integración versus transformación.
El diagnóstico señala también el deterioro reciente del ambiente de negocios en México, atribuido al «debilitamiento de las instituciones y al aumento de la incertidumbre regulatoria». La inversión ha mostrado un comportamiento «errático y débil». Sin estado de derecho confiable, sin seguridad pública y sin infraestructura adecuada, el capital —nacional y extranjero— no tiene incentivos para apostar por proyectos de mayor valor agregado.
Conviene mirar los incentivos. Un modelo que premia el ensamble barato y no exige al aparato estatal proveer bienes públicos esenciales produce exactamente lo que México ha producido: exportaciones que crecen y salarios que no acompañan ese crecimiento. La complacencia ante el récord exportador es, en ese sentido, el mayor obstáculo para la transformación.
Desde la perspectiva de Continente, el diagnóstico es correcto pero incompleto si no se nombra lo que lo agrava: un gobierno que en años recientes ha preferido expandir el gasto clientelar y la intervención estatal antes que sanear el marco regulatorio, fortalecer la competencia o invertir en capital humano de calidad. La agenda que señala el análisis —Estado de derecho, seguridad, infraestructura, libertad económica, formación técnica, apoyo a la investigación— es exactamente la que el oficialismo ha postergado o revertido. El récord exportador no disimula esa deuda; la hace más evidente.
