La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una flexibilización de los estándares federales de economía de combustible para automóviles. El cambio reduce las exigencias regulatorias para los fabricantes y modifica las normas de Consumo Medio de Combustible Corporativo, conocidas como CAFE, establecidas por el Congreso en 1975.
Según el gobierno federal, el objetivo es bajar el costo inicial de los vehículos nuevos en un promedio de US$1300. También sostiene que la medida podría generar un ahorro millonario para los consumidores estadounidenses.
El lunes 28 de septiembre, el Departamento de Transporte presentó nuevos estándares de eficiencia de combustible bajo las normas SAFE, sigla de Safer Affordable Fuel Efficient Rule III. En un comunicado, el organismo afirmó que estas reglas «normalizan el programa y reducirán significativamente el costo de los vehículos».
El departamento agregó que «impulsarán la industria manufacturera estadounidense» y que permitirán «producir automóviles más seguros y asequibles» para las familias estadounidenses. Trump, por su parte, dijo que «es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles» de Estados Unidos.
La NHTSA estimó que los nuevos estándares darán como resultado un promedio de 34,9 millas por galón para toda la flota en el año modelo 2031. Esa cifra contrasta con las 50,4 millas por galón proyectadas para 2031 bajo las normas de la administración de Joe Biden.
El Departamento de Transporte también indicó que la medida elimina la presión regulatoria que, de acuerdo con la administración Trump, forzaba la electrificación de las flotas. A partir de ahora, los nuevos estándares se calculan considerando únicamente las capacidades técnicas y los costos de los vehículos propulsados por gasolina y diésel.
En el comunicado, las autoridades federales aseguraron que los estándares de Biden y Pete Buttigieg fueron tan altos que «crearon un mandato encubierto de vehículos eléctricos». Según ese análisis del gobierno, los fabricantes de automóviles y sus empleados «perdieron miles de millones de dólares» al cumplir con la regulación anterior.
La medida también elimina el programa de intercambio de créditos CAFE a partir del año modelo 2028. El gobierno sostuvo que esa iniciativa «impulsó artificialmente la industria de los vehículos eléctricos a expensas de los fabricantes de automóviles tradicionales».
Bajo el esquema previo, fabricantes dedicados exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos, como Tesla o Lucid, acumulaban bancos de créditos CAFE debido a las altas valoraciones asignadas por el factor de equivalencia de petróleo y los créditos fuera de ciclo.
Conviene mirar los incentivos. Washington está moviendo la balanza desde la regulación hacia el precio, con la promesa de aliviar el bolsillo de las familias y devolver aire a una industria castigada por costos y mandatos. Si la reducción de exigencias logra abaratar vehículos sin sacrificar seguridad, el gobierno habrá ganado una apuesta importante en favor de la libre empresa.
Pero el dato importa más que el ruido. El alivio para el consumidor dependerá de cómo responda el mercado real, mientras el cambio revierte parte del andamiaje que había empujado a los fabricantes hacia la electrificación. La disputa de fondo no es técnica: es quién paga la transición, el comprador, la industria o el aparato regulatorio.
