Pedro Sánchez resolverá este lunes si adelanta las elecciones generales, después de un fin de semana en el que sopesó la convocatoria con su equipo. El presidente del Gobierno mantiene, por ahora, su agenda: a las 9:30 horas inaugurará el XXIX Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar y a las 11:00 horas presidirá la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.
La decisión llega tras el revés parlamentario del viernes, cuando el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda aprobados dos días antes en el Consejo de Ministros. En su intervención al término del debate, Sánchez advirtió a la derecha del «error histórico» que, a su juicio, estaba cometiendo.
La presión política es intensa. Tanto ministros como representantes relevantes del partido abogan por adelantar los comicios. Además, la oposición también empuja en esa dirección: el secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes, en un vídeo difundido en las redes sociales del partido. En Génova dicen estar «preparados» para confrontar en campaña y ganar los comicios.
El tablero electoral, por ahora, favorece a la derecha. Un sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER otorga al PP un 31,6% de los votos, al PSOE un 27,4%, a Vox un 18,4% y a Sumar un 5,6%. La encuesta se realizó después del desahucio de Maricarmen Abascal, pero antes de la votación del viernes en el Congreso. Según ese sondeo, la derecha alcanzaría el 50% de los sufragios.
La crisis de la vivienda ha agravado la tensión social y política en España. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal se extendieron durante la semana pasada por distintos puntos del país, más allá de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid, mientras el Gobierno afrontaba negociaciones políticas y el rechazo parlamentario a sus decretos.
El posible adelanto electoral también se cruza con otro dato incómodo para el Ejecutivo: España lleva ya cuatro años consecutivos sin unas cuentas públicas nuevas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Las últimas se aprobaron en 2023 y siguen vigentes bajo sucesivas prórrogas. Mientras tanto, el gasto del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado un 19% durante este trienio, según un análisis de Funcas publicado en su revista Cuadernos de Información Económica, cifra que excluye el pago de intereses de la deuda y los fondos europeos Next Generation.
Si Sánchez disuelve las Cortes, las fuerzas progresistas contarían con mayoría en la Cámara Baja para sacar adelante los decretos que PP, Vox, Junts y UPN tumbaron. Sería una jugada de alto voltaje político, con la vivienda como bandera y la campaña adelantada como escenario.
Conviene mirar los incentivos. El Gobierno llega a esta encrucijada con margen político estrecho, cuentas prorrogadas y un conflicto de vivienda que erosiona la confianza institucional. Para el contribuyente, la falta de presupuestos nuevos y el aumento del gasto público no son abstracciones: son señales de un Estado que gasta más sin lograr mayor estabilidad.
La otra lección es más elemental. Cuando la política se bloquea, el coste cae sobre la economía real y sobre quienes buscan certezas para invertir, alquilar o contratar. En ese terreno, la vivienda no es solo un problema social; también es una prueba de si el aparato estatal puede ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y decisiones que no castiguen la actividad privada.
