El último barómetro de Sigma Dos para El Mundo deja una fotografía severa del estado de opinión en España. Según el sondeo, elaborado entre el 20 y el 26 de agosto sobre 2.173 entrevistas, el 60% de los consultados describe la legislatura de Pedro Sánchez con adjetivos que van de lo administrativo a lo penal: «desastrosa, nefasta y ruinosa» (30,3%), «corrupta y delictiva» (14,8%), «caótica, inestable y confusa» (6,7%), y «engañosa, fraudulenta o mentirosa» (3,6%). Solo el 12% valora la gestión como buena, positiva y competente.
La valoración personal del presidente no es más benigna: obtiene tres puntos sobre diez. El 62,9% califica la gestión global del gobierno como mala o muy mala, un juicio que comparte incluso el 25,7% de quienes votaron al PSOE en las últimas generales.
La Ley de Amnistía para los condenados del procés —una de las decisiones más políticamente costosas del Ejecutivo— es rechazada por el 59,8% de los encuestados, incluido el 41% del propio electorado socialista. El dato importa más que el ruido: ni siquiera la base electoral del PSOE respalda de forma sólida la medida que sostuvo la investidura de Sánchez.
La corrupción emerge como el eje central del malestar. El 39,3% la señala como el principal reto que ha enfrentado el gobierno y el 27,8% la identifica como la crítica más dura contra el Ejecutivo, porcentaje que sube a 33,3% entre los propios votantes del PSOE. En contraste, la vivienda —tema que domina la agenda progresista europea— apenas preocupa al 3,8% de los consultados como problema principal de la gestión.
La crisis en Ceuta también pesa en el deterioro de la imagen del gobierno. Según El Mundo, la respuesta del Ejecutivo ante la situación en la ciudad autónoma terminó de hundir la intención de voto socialista, que registra su peor estimación desde el inicio de la legislatura.
El 68,8% de los españoles considera que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones: el 45,7% prefiere elecciones con otro candidato, el 13,8% apuesta por su dimisión y relevo interno en el PSOE, y el 9,3% cree que debería sometarse directamente al veredicto de las urnas.
La traducción electoral de este descontento es clara. Si las elecciones se celebraran hoy, el PSOE obtendría 25,4% de los votos y 101 diputados, veinte menos que hace tres años. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo alcanzaría 33,1% y 143 escaños, mientras Vox sumaría 17,9% y 61 diputados. Juntos, PP y Vox reunirían 204 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.
El PSOE conserva apenas al 66,3% de sus votantes de 2023; un 6,6% ya declara que apoyaría al PP. Entre quienes abandonan la formación socialista, el 39,6% cita el descontento con la gestión, el 31,6% el malestar con el liderazgo de Sánchez dentro del propio partido, y el 21,3% la desconfianza generada por informaciones vinculadas a la Presidencia.
Conviene mirar los incentivos detrás de estos números. Un gobierno que necesitó una amnistía para sostenerse en el poder y que ahora enfrenta el rechazo de cuatro de cada diez de sus propios votantes frente a esa misma ley opera con un margen de maniobra mucho más estrecho del que su discurso público sugiere. La corrupción, no la vivienda ni el clima, es el problema que los españoles asocian con su gestión, y eso desmiente el relato oficial de una agenda social exitosa.
La historia sugiere cautela antes de dar por hecho un desenlace electoral, pero la aritmética actual —PP y Vox por encima de la mayoría absoluta— describe un electorado que ya no distingue entre desgaste normal de legislatura y erosión institucional. Cuando la amnistía a cambio de investidura se convierte en el símbolo del deterioro, el costo lo terminan pagando las instituciones, no solo el partido de gobierno.
