La muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, alteró el arranque de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en España y agitó de nuevo la crisis de la vivienda. Su desalojo de una casa en Retiro, donde vivió durante 71 años, provocó manifestaciones y reabrió el choque entre partidos, instituciones y calle.
Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda en la que mantenía un contrato de renta antigua de 1956 heredado de su padre. Su caso se convirtió en símbolo de una crisis más amplia, marcada por el alza de precios, la falta de vivienda y la especulación inmobiliaria. Según la información publicada, vivía con una pensión de 1.400 euros y pagaba unos 500 euros al mes en arriendo y cuentas hasta que la renta pasó a 2.650 euros.
Todo comenzó en 2018, cuando Urbagestión compró el departamento por 240 mil euros. En 2020, los propietarios le dijeron que debía dejar la vivienda porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre y luego a ella. Desde entonces, se intentó desalojarla cuatro veces. También constan intentos de acuerdo para pagar la diferencia del arriendo o comprar el departamento, pero no prosperaron.
Tras el desalojo, Urbagestión llegó el 28 de septiembre a un acuerdo con los representantes de Abascal para que volviera a su casa, según confirmó Ana de Miguel, CEO de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Pero el episodio ya había dejado una huella política visible. Hubo protestas en Madrid y otras ciudades, y la tensión se trasladó al debate entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar.
El socio minoritario de la coalición exigía aprobar con urgencia un decreto que ya había sido rechazado por la derecha en el Congreso en abril. Ese texto incluía la congelación y la prórroga automática de los arriendos. Por su parte, Pedro Sánchez emitió decretos con límites al aumento de las rentas y medidas para proteger a inquilinos cuyos caseros no quisieran renovar el contrato.
Sin embargo, el Congreso rechazó los decretos la semana pasada y eso llevó al mandatario a convocar elecciones adelantadas para el 29 de noviembre. El martes, el Consejo de Ministros aprobó de nuevo los dos decretos, que tras la convocatoria deberán pasar por la Diputación Permanente. Uno entró en vigencia el miércoles y el otro lo hará el 15 de noviembre.
Entre sus medidas, figura una línea de financiamiento de 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para quienes buscan adquirir su primera vivienda. También se amplía de 2028 a 2030 el límite sobre la compra especulativa de los llamados fondos buitre, con foco en fondos que compran a precio de saldo, grandes propietarios y sus filiales. En los impagos de arriendo, cuando la familia no puede pagar y no tiene alternativa, la Administración sufraga la deuda y las costas del juicio.
La respuesta política se ha endurecido. Vox acusó al gobierno de haber utilizado «sin ningún escrúpulo» el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultara su responsabilidad en el desastre de la vivienda. Alberto Núñez Feijóo pidió no aprovechar la muerte para intereses partidistas. Desde Más Madrid se reclamó un minuto de silencio, y Podemos llegó a hablar de «asesinato».
El dato importa más que el ruido. La secuencia muestra una crisis en la que la vivienda dejó de ser solo un problema social y pasó a convertirse en un activo electoral, con cada partido intentando fijar el marco de la culpa y del remedio. Cuando la propiedad privada, el alquiler y la protección al inquilino se convierten en munición partidista, el resultado suele ser más incertidumbre y menos seguridad jurídica.
Conviene mirar los incentivos. El Estado promete alivio con decretos, subsidios y límites, pero la calle ya exige resultados inmediatos y el sistema político responde con más presión sobre propietarios, caseros y burocracia. La pregunta de fondo es si España está corrigiendo una distorsión del mercado de vivienda o ampliando la dependencia del aparato estatal como sustituto de una oferta que no despega.
