El Senado impartirá el próximo martes 6 de octubre una charla formativa sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en el trabajo parlamentario y mantendrá una formación continua a lo largo de la legislatura. La sesión se dirigirá a los senadores y correrá a cargo del letrado Pablo García-Mexía y del director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira.
La Cámara Alta aprobó en febrero unas directrices de uso de la IA, con las que se convirtió en el primer parlamento español en regular esta herramienta. A finales de junio, la institución presidida por Pedro Rollán adquirió a modo de prueba un contrato para un primer lote de 65 licencias Gemini Enterprise Standard, que también implica servicios de soporte experto.
Según las directrices, el Senado busca impulsar la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos como la supervisión humana o la privacidad. Las normas se aplican a senadores y a todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, y establecen estándares para la adquisición y despliegue de sistemas de IA que «maximicen» el respeto a esos principios.
El personal de la Cámara Alta tendrá que realizar una formación continua para evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas que utiliza, así como sus capacidades y funcionalidades. En julio, el Senado acogió una reunión de presidentes de parlamentos autonómicos para hablar de la IA, donde se abordaron retos como la información secreta.
En ese contexto, el Senado mostró su experiencia para que bajo «ninguna circunstancia» se introduzca en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario. Una de las directrices dice que la información sujeta a reserva parlamentaria, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de IA públicos, y solo se incluirá en sistemas de IA autorizados por el Senado cuando resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.
La iniciativa tiene una lógica institucional evidente: si una cámara quiere usar IA, primero debe aprender a limitarla. Conviene mirar los incentivos. La innovación en el sector público suele presentarse como modernización automática, pero aquí el Senado reconoce algo más sobrio: que la tecnología necesita disciplina, reglas y supervisión humana.
Eso importa porque el dinero y la información que administra la Cámara Alta no son un laboratorio abstracto. Son recursos públicos y material parlamentario sometido a reserva. Si la IA entra en ese terreno, el principio que está en juego no es la moda tecnológica, sino la responsabilidad institucional frente a los contribuyentes y la protección de la información sensible. El dato importa más que el ruido.
