El presidente Donald Trump declaró el domingo que el alto el fuego con Irán había quedado sin efecto y elevó la apertura permanente del Estrecho de Ormuz a su prioridad máxima. La secuencia fue rápida: según el propio Trump, Teherán había acordado un entendimiento —«sin nuclear, sin esto, sin aquello»— y en menos de una hora lanzó un dron contra un buque comercial.
El episodio no es un accidente diplomático. Es la lógica de un régimen que, según el análisis publicado por The New York Post, «ha demostrado que sus promesas no significan nada». El Memorando de Entendimiento entre Washington y Teherán tenía como propósito central mantener el Estrecho abierto mientras los negociadores estadounidenses cerraban las supuestas concesiones iraníes, sobre todo la verificación del abandono del programa nuclear. Ese marco acaba de colapsar.
La magnitud del problema es geoeconómica: el Estrecho de Ormuz canaliza más del 20% del petróleo mundial. Su cierre no es un conflicto regional; es un torniquete sobre el crecimiento económico global. Irán lo sabe y, según la misma fuente, sus líderes ven el control del paso marítimo —con peajes incluidos— como la forma de «arrancar la victoria de las fauces de la derrota».
Trump reaccionó en dos movimientos. Primero, retomó el bloqueo de puertos iraníes el lunes, una medida que el análisis describe como «característica histórica de la guerra», vinculada a la restauración de sanciones y a nuevos ataques aéreos. Segundo, proclamó que Estados Unidos será «el Guardián del Estrecho de Ormuz» y anunció que Washington «será reembolsado al 20% sobre toda la carga que transite» para cubrir los costos de la operación.
Es aquí donde la postura de la Casa Blanca genera una tensión de fondo. La libertad de navegación —principio que ha ordenado el comercio marítimo durante siglos— significa paso libre sin peaje para ningún actor, incluido el hegemón que lo garantiza. Cobrar un 20% sobre la carga convierte al guardián en recaudador, lo que, como señala el análisis citado, haría de Washington «un capo en lugar de un policía». Esa distinción no es semántica: si Estados Unidos establece el precedente del peaje sobre un estrecho internacional, otras potencias regionales tendrán argumentos para replicar el modelo en cualquier otro punto de estrangulamiento global.
El debate táctico también está abierto. La columna de The New York Post propone escalar más allá de los ataques «tit for tat» actuales: golpear objetivos del régimen con mayor contundencia, considerar la toma de la isla de Kharg y empezar a confiscar petroleros iraníes. La premisa es que Teherán, protegido de buena parte del dolor de los ataques aéreos estadounidenses, no ha llegado aún al punto de admitir la derrota.
Conviene mirar los incentivos. Para la República Islámica, el Estrecho es el único activo de negociación que le queda tras años de sanciones y con su programa nuclear bajo presión. Entregarlo sin contrapartida equivale a rendirse. Para Washington, sostener la operación militar indefinidamente tiene costos políticos y fiscales que el Congreso terminará contabilizando.
El dato importa más que el ruido. La cuestión no es si Trump tiene razón en priorizar Ormuz —la tiene— sino si el instrumento elegido, un peaje unilateral sobre aguas internacionales, no socava el principio que justifica la presencia naval estadounidense en primer lugar. La historia sugiere cautela: los guardianes que cobran entrada acaban siendo percibidos como ocupantes. El orden marítimo liberal que ha servido al comercio global no se defiende sustituyendo un monopolio por otro.
