Las autoridades mantienen a dos perros bajo el cuidado de un centro especializado mientras avanzan en el proceso ante la justicia para determinar las posibles responsabilidades de una pareja que los dejó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
El caso ha provocado indignación por el abandono de un pomerania y un pitbull que viajaban con la pareja desde Miami. El personal del Instituto Colombiano Agropecuario retuvo a los pasajeros con los animales tras encontrar irregularidades en el esquema de vacunación.
La pareja tenía como destino Cali. Según Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ellos manifestaron que dejarían a los perros en ese lugar y continuarían con su camino. Hernández relató que dijeron: «Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen».
De acuerdo con Laura Hidrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, los cachorros, de cinco y seis meses de edad, pasaron por un proceso migratorio y se les dio la oportunidad de regresar a Estados Unidos con sus dueños para poner en orden la documentación requerida para su ingreso a Colombia. Sin embargo, según Hidrobo, la pareja prefirió que los sacrificaran antes que volver a territorio estadounidense para subsanar la documentación.
«Lo que más nos preocupa y realmente nos genera una alerta es que dentro de la comunicación a los ciudadanos se les dio la oportunidad de devolverse a Estados Unidos para solventar los problemas administrativos», expresó Hidrobo a Blu Radio. También agregó que, si era necesario, los ciudadanos dijeron que se los llevaran y les dieran eutanasia, pero que no iban a devolverse con los animales.
La pareja tiene nacionalidad colombiana, por lo que no se les podía negar el ingreso al país. Según Hidrobo, este caso sería considerado un proceso de maltrato porque pone en riesgo la vida de los animales. También se han presentado solicitudes para que las autoridades y la Embajada evalúen la posibilidad de revocar la visa estadounidense de los señalados.
Más allá de la indignación, el episodio deja una lección incómoda sobre incentivos y responsabilidades. Cuando el Estado tiene que intervenir para impedir que dos animales queden a la deriva, el costo de la desidia no lo asume solo quien abandona: también termina recayendo sobre instituciones, funcionarios y recursos públicos.
Conviene mirar los incentivos. Si la documentación y el cumplimiento mínimo de las reglas sanitarias pueden ser eludidos con la simple idea de dejar atrás a los animales, entonces el mensaje que recibe la sociedad es corrosivo. La propiedad privada implica deberes; la libre movilidad no puede convertirse en licencia para trasladar problemas y cargar a terceros con las consecuencias.
