Una investigación citada por The Guardian sostiene que los cárteles de la droga de América Latina estarían operando en 16 países europeos, después de tejer vínculos estrechos con organizaciones mafiosas locales. El reporte, hecho a partir de bases de datos, información policial y de inteligencia, y entrevistas a jueces, fiscales y expertos, apunta a una expansión que ya no se limita a los tradicionales países de entrada.
El dato central es contundente: entre 2014 y 2024, la cantidad de cocaína incautada en Europa aumentó 471%, mientras se desmantelaron más laboratorios dedicados al procesamiento de derivados de la cocaína. El periódico británico afirma que el incremento de las incautaciones está directamente relacionado con la creciente presencia de redes criminales latinoamericanas.
Según el análisis, cárteles procedentes de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos operan en al menos 12 países europeos, aunque la cifra podría ascender a 16. Entre los grupos identificados figuran Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Barrio 18 y MS-13.
La presencia más destacada se ha consolidado en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia, aunque también se ha detectado actividad en Alemania, Rumanía, Croacia y Eslovaquia. Daniel Brombacher, director del Observatorio de Crimen Organizado en Europa, dijo al rotativo que ya no se trata de un problema limitado a los países tradicionales de entrada.
Brombacher añadió que operaciones policiales recientes descubrieron laboratorios de metanfetamina dirigidos por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín. También dijo que están apareciendo grupos latinoamericanos en Rumanía y Bulgaria. Conviene mirar los incentivos: donde el Estado deja huecos, el crimen organizado encuentra mercado, logística y protección.
La investigación también cita un informe de la Fiscalía de São Paulo, basado en parte en datos de la agencia de inteligencia brasileña y consultado por The Guardian, que sostiene que el PCC opera en 16 países europeos, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Las autoridades nacionales y expertos latinoamericanos sugieren incluso que la lista podría ser más extensa.
La sospecha de que estos grupos buscan establecerse en Europa no es nueva. Desde la década de 1980, organizaciones criminales colombianas, como los cárteles de Cali y Medellín, contaban con puntos de apoyo en regiones españolas como Galicia. En 2013, un informe de Europol ya advertía sobre su auge. Pero la situación actual, subraya el diario, alcanza una dimensión muy superior.
Para Europa, la cuestión ya no es si el fenómeno existe, sino si sus instituciones están preparadas para contenerlo. Cuando el delito transnacional se instala con redes locales, la respuesta requiere inteligencia, cooperación judicial y control fronterizo, no solo titulares alarmistas. La historia sugiere cautela: sin capacidad estatal suficiente, el costo termina recayendo en la seguridad pública y en la confianza en el orden internacional.
También hay una lección para América Latina. Las organizaciones criminales que nacen o se fortalecen en la región ya no exportan solo violencia, sino también poder de corrupción, lavado y penetración institucional. Si Europa descubre tarde ese efecto, pagará más en seguridad y cohesión social. Y si los gobiernos latinoamericanos no enfrentan la expansión de estas redes, seguirán enviando al exterior un problema que primero erosiona sus propias instituciones.
