Gavin Newsom aspira a la Casa Blanca en 2028 y ha convertido la agenda climática en el eje de esa campaña. El problema, según documentan reportes de inteligencia estadounidense y la cobertura de National Review, es que esa agenda ha alineado los intereses de California con los de China de maneras que ningún estratega de seguridad nacional recomendaría.
Durante ocho años, Newsom ha ejercido su autoridad ejecutiva para reorientar la economía del estado hacia tecnologías que, en varios casos, dependen de minerales sobre los que China mantiene una posición dominante: grafito —componente clave de las baterías para vehículos eléctricos— y minerales usados en semiconductores y municiones. California, que fue alguna vez un productor energético de escala global, perdió una cuarta parte de sus refinerías bajo su administración y hoy depende de petróleo importado.
El calendario diplomático del gobernador refuerza ese patrón. En 2023 viajó a China para hablar de energía verde con el presidente Xi Jinping. En abril de 2024, despachó a dos secretarios de gabinete a reunirse con funcionarios locales en Shanghái y en las provincias chinas de Guangdong y Hainan; la fuente señala que la delegación celebró esas conversaciones desde Hong Kong, prestando así el prestigio de California a Pekín en la misma ciudad donde, en 2020, el régimen aplastó las libertades democráticas que había prometido respetar.
El mes siguiente, funcionarios provinciales chinos se reunieron con sus contrapartes californianas en la Universidad de California en Berkeley, sede del California-China Climate Institute. El instituto anunció «una serie de nuevas acciones para avanzar en la cooperación climática subnacional». Newsom describió el encuentro con su retórica habitual: «Nunca ha habido más urgencia que ahora para actuar sobre la crisis climática, y tenemos que actuar juntos».
Nadie encarna mejor esa red de contactos que Amy Tong, secretaria de operaciones estatales de Newsom. Fue su emisaria en la conferencia de Sister Cities International celebrada en Suzhou, China, en noviembre de 2023, y en la del grupo en Tacoma, Washington, en julio de 2024. Ambos eventos fueron co-organizados por la Asociación China del Pueblo para la Amistad con Países Extranjeros (CPAFFC). En un boletín de 2022, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) caracterizó a la CPAFFC como una de las «muchas entidades cuasi-oficiales o representantes involucrados en trabajo de frente unido y operaciones de influencia extranjera cuyas vínculos con el PCCh o el gobierno de la RPC pueden estar ocultos o no ser fácilmente evidentes». La ODNI también acusó a la asociación de usar acuerdos de ciudades hermanas para presionar las prioridades políticas de Pekín sobre Taiwán y Tíbet. El periodista Jimmy Quinn, de National Review, documentó cómo una fotografía de una visita posterior de Tong a Pekín —acompañada por el supervisor del condado de Alameda, David Haubert— fue difundida a través de medios de propaganda del PCCh calibrados para audiencias internacionales.
Mientras California abandona los combustibles fósiles en nombre del clima global, China sigue construyendo plantas de generación eléctrica a carbón. Sus 1.161 centrales de carbón representan el 55% de las emisiones globales de carbono provenientes de ese combustible, según la fuente.
En noviembre de 2025, Newsom voló a Brasil para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —la COP30— y atacó a la administración Trump por no enviar ningún funcionario estadounidense. «Me disculpo por ser tan partidista aquí», dijo ante la audiencia. «Tengo cuatro hijos. ¿Qué diablos está pasando en mi país?»
Conviene mirar los incentivos. La política climática de Newsom no ha reducido las emisiones globales —China las incrementa cada año— pero sí ha erosionado la industria energética de California, profundizado la dependencia de minerales estratégicos controlados por Pekín y proporcionado legitimidad internacional a un régimen que usa esos foros como plataforma de influencia. El dato importa más que el ruido: cuando un gobierno subnacional construye su identidad política sobre acuerdos con entidades que la inteligencia propia clasifica como vectores de operaciones de influencia extranjera, el costo no lo paga el gobernador, lo pagan los contribuyentes y las instituciones que él dice defender.
