Un error administrativo ha paralizado la renovación del contrato de ‘renting’ de los vehículos oficiales que utiliza la alta administración del Banco de España. El pliego de condiciones técnicas especificaba que los coches debían tener «airbag lateral, de rodillas y trasero», cuando la redacción correcta debía ser «airbags frontales para conductor y acompañante, airbags laterales delanteros y laterales de cortina traseros». La rectificación obligó a reabrir el plazo de presentación de ofertas hasta el 1 de octubre, incluso para las empresas que ya habían presentado propuesta.
El objetivo inicial era que el gobernador José Luis Escrivá y el resto de directivos estuvieran disfrutando de los nuevos vehículos desde el 1 de junio. El error en los pliegos ha desplazado ese calendario varios meses.
El contrato, de 980.100 euros por cinco años con IVA incluido, cubre nueve vehículos «tipo turismo/sedán gran berlina del segmento E», con un coste mensual por unidad de 1.500 euros. Según el portavoz del Banco de España consultado por Infobae, la licitación busca renovar el ‘renting’ de esos nueve vehículos porque el contrato vigente expira. Se trata de automóviles ejecutivos de entre 4,85 y 5,05 metros de longitud, de marcas como BMW Serie 5, Audi A6, Mercedes-Benz Clase E o Lexus ES. Los coches nuevos no podrán tener más de tres meses de antigüedad ni más de 50 kilómetros recorridos, deberán llevar tapicería cero, color exterior azul o gris metalizado y lunas tintadas.
El pliego prevé un kilometraje anual de 25.000 kilómetros por vehículo, hasta un máximo de 125.000 en los cinco años del contrato; superado ese límite, la entidad pagará 0,06 euros por cada kilómetro adicional. La empresa adjudicataria asumirá el mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones por averías o siniestros, la sustitución de neumáticos, la carrocería, el seguro y la ITV. El Banco de España, por su parte, se hará cargo de las multas y sanciones que cometan sus conductores en plantilla.
Entre las cláusulas destaca el compromiso de no usar los vehículos en pruebas deportivas, carreras o concursos, ni transportar más viajeros de los permitidos o mercancías peligrosas.
Esta flotilla de nueve turismos y una motocicleta para gobernador, subgobernadora, directores generales y consejeros forma parte de un parque vehicular del Banco de España de 74 unidades, que incluye 15 camiones, cuatro remolques y un furgón para transporte de fondos, 24 todoterrenos de escolta y 12 turismos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos a la entidad.
El episodio, menor en apariencia, ilustra un problema estructural más amplio: cuanto más detallado y rígido es un pliego de contratación pública, mayor es el margen para el error administrativo y el retraso consiguiente. Un banco central que fija la política monetaria de una economía de peso en la eurozona ha necesitado meses adicionales para corregir la redacción de una cláusula sobre airbags, a costa del calendario previsto y, previsiblemente, de recursos administrativos destinados a repetir un trámite que debió resolverse a la primera.
El dato importa más que el ruido: casi un millón de euros en cinco años para nueve berlinas ejecutivas no es una cifra desproporcionada para una institución de este tamaño, pero el episodio recuerda que la eficiencia del gasto público —incluso el de organismos con autonomía como el Banco de España— depende tanto del monto comprometido como de la calidad de la gestión que lo ejecuta. Los contribuyentes y los ciudadanos que exigen instituciones sobrias tienen derecho a preguntarse por qué un pliego de condiciones tarda meses en corregirse.
