El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se felicitó de que el Tribunal Constitucional haya avalado el Tratado de Amistad con Francia pese al boicot que ha venido manteniendo el PP, e instó al Senado a aprobarlo «lo antes posible».
En un mensaje en la red social X, Albares destacó que «el TC avala, por unanimidad, la constitucionalidad del histórico Tratado de Amistad y Cooperación con Francia» firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, y añadió que el PP lo ha boicoteado «en contra de los intereses de España y de los españoles».
El PP cuestionó desde el primer momento la constitucionalidad del texto, que en su artículo 2 contempla la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español de forma periódica y viceversa. Esa objeción llevó a que el tratado no saliera adelante en el Congreso de los Diputados en mayo de 2025.
En abril de este año, los ministros de Exteriores de ambos países acordaron una interpretación del artículo polémico: la invitación sería «para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado» y no en la misma sesión. Gracias a ello, el Congreso dio luz verde al tratado en junio, mientras que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pidió al Constitucional que se pronunciara sobre su encaje legal.
Finalmente, este miércoles, el TC dio su aval, menos de una semana antes de la visita de Estado que Macron realizará a España entre el 20 y el 30 de septiembre. Albares defendió además que Francia es «país vecino, amigo y socio UE y primer socio comercial de España» y sostuvo que el Senado debe aprobarlo rápido para que entre en vigor, «en beneficio de los valores europeos, de 330.000 españoles en Francia, 1 millón de transfronterizos, 56.000 millones de euros de exportaciones anuales».
La historia sugiere cautela: cuando un tratado necesita pasar por demasiadas trincheras partidistas, el coste lo pagan la certidumbre jurídica y la normalidad institucional. Aquí no se discute solo un gesto diplomático con Francia, sino la capacidad del sistema político para dejar espacio a acuerdos que afectan a comercio, cooperación y movilidad.
Conviene mirar los incentivos. El Gobierno gana al presentar el aval del TC como una vindicación de su posición; el PP, al resistirse, preserva su perfil de control parlamentario en el Senado. Pero el interés público está en otra parte: que un acuerdo con un socio clave de la UE no quede atrapado por una disputa interna más larga de lo necesario.
Si el Senado lo aprueba pronto, el beneficio será para la previsibilidad institucional y para los vínculos económicos y humanos ya citados por Albares. Si no, la política habrá convertido en arma partidista un instrumento que, por definición, debería facilitar cooperación y reducir fricciones. El dato importa más que el ruido.
