Human Rights Watch denunció que Estados Unidos deportó a países africanos a más de 500 migrantes de terceros países desde enero de 2025, en procesos en los que no se les permitió impugnar la expulsión ni expresar sus temores antes del traslado.
La ONG dijo que entre los países que recibieron deportados figuran Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana. Según HRW, esas personas no podían ser enviadas a sus países de origen por el peligro que allí correrían, por lo que fueron remitidas a Estados africanos con los que no tenían vínculos.
Michael Garcia Bochenek, director interino del programa de HRW para Estados Unidos, sostuvo que «la deportación de personas a países donde nunca han estado es parte de una política estadounidense diseñada para causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración». Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado usa el traslado forzoso como advertencia, el mecanismo deja de ser administrativo y se convierte en una herramienta de presión sobre el individuo.
HRW afirmó además que países como Esuatini, Ghana y Sudán del Sur detuvieron arbitrariamente a los deportados, quienes denunciaron malos tratos durante su reclusión. También señaló que Camerún, Guinea Ecuatorial o Ghana enviaron a algunas personas a sus países de origen, donde corrían el riesgo de ser perseguidas o torturadas, lo que la ONG considera una violación del principio de no devolución del derecho internacional.
Entre los deportados había al menos una docena de personas que se identificaban como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero. HRW dijo que fueron enviados a países africanos que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las conductas románticas públicas entre personas del mismo sexo. También indicó que entre ellos había refugiados a quienes Estados Unidos había concedido protección ante la posibilidad de persecución por su orientación sexual o identidad de género.
Las personas entrevistadas por HRW describieron un trato «abusivo» en los vuelos desde Estados Unidos. Algunos permanecieron esposados durante 18 horas o más y recibieron «poca o ninguna información» sobre su destino. El cuadro refuerza una conclusión incómoda: la burocracia migratoria no solo expulsa, sino que también administra incertidumbre y castigo.
La organización exigió a Estados Unidos paralizar las expulsiones de solicitantes de asilo y refugiados a terceros países. También instó a los gobiernos africanos a rescindir los acuerdos firmados con Washington para recibir a estos migrantes. HRW dijo que esos acuerdos implican a menudo pagos millonarios por parte del gobierno estadounidense.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó el 29 de septiembre al gobierno de Trump a reactivar temporalmente la política para enviar deportados a terceros países. Con ello dejó en suspenso fallos de tribunales inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían enviadas y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses. En ese universo también figuran dos venezolanos enviados a Liberia tras pasar meses bajo custodia migratoria. Ambos tenían protección contra su retorno forzado a Venezuela y dijeron que supieron con poca anticipación que serían enviados a África.
Uno de ellos, A, de 45 años, relató al diario El País que estuvo encadenado de pies y manos durante todo el viaje, de unas 15 horas. Dijo que trabajaba en energía eólica y que no tenía antecedentes penales. Tras un control rutinario de inmigración a comienzos de 2026, quedó detenido y pasó por cuatro centros de detención en Estados Unidos.
El otro venezolano, C, de 36 años, afirmó que vivió y trabajó cinco años en Estados Unidos y que supo su destino horas antes del vuelo, al ver su nombre en una lista.
La causa trasciende la disputa migratoria. Lo que está en juego es si un gobierno puede enviar personas a un tercer país sin garantizarles información, defensa y una vía efectiva para impugnar la expulsión. El principio de debido proceso no es un formalismo: es el límite que separa una política migratoria dura de un poder estatal sin contrapesos.
También importa la señal para los países africanos que aceptan estos acuerdos. Si hay pagos millonarios y retornos arbitrarios, el incentivo institucional queda torcido. La cooperación internacional funciona mejor cuando hay reglas claras, no cuando la externalización de fronteras se hace a costa de la dignidad y la seguridad jurídica de los expulsados.
