La Policía ecuatoriana detuvo este jueves a Jackson Felipe Z., señalado por el ministro del Interior, John Reimberg, como «uno de los principales financistas de Pipo desde 2022». La operación, bautizada «Gran Fénix-Cantabria», contó con coordinación de Europol, la Guardia Civil y la Policía de España.
Pipo, líder del grupo criminal Los Lobos, está detenido en España desde 2025. Reimberg dijo que su captura en noviembre de 2025 se produjo en Málaga, adonde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. La defensa intenta frenar su extradición.
La investigación, según Reimberg, arrancó tras la incautación en octubre de 2024 de unos 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras. Ese contenedor había salido de una terminal portuaria de Guayaquil. A partir de allí, las autoridades dicen que se desató una pesquisa sobre una red con alcance en Ecuador y Europa.
El ministro informó que la operación dejó 14 incautaciones, con unas 42,5 toneladas de cocaína registradas en Ecuador, España, Bélgica, Portugal y Países Bajos. Ese volumen equivale, dijo, a 1.680 millones de dólares. En la misma madrugada, además, se intervinieron 630 kilos y una tonelada y media más, por 85 millones de dólares. El total asciende, según el balance oficial, a 1.765 millones de dólares.
Reimberg señaló también que la organización habría estado operativa desde 2019, con incidencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, y con conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos. La investigación identificó al menos 15 empresas dedicadas a la exportación de fruta, cacao, mariscos y madera, usadas presuntamente para ocultar cargamentos de droga entre mercancía legal.
Además, el ministro dijo que estos grupos estarían vinculados con estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia. Según esa versión, se coordinaba la compra de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado a Ecuador y luego el envío marítimo hacia Europa. En destino, miembros de esas estructuras habrían recibido y distribuido la droga, además de facilitar empresas para simular relaciones comerciales legítimas y controlar parte de la cadena logística.
En total, la operación dejó 21 detenciones: 19 civiles ecuatorianos y dos servidores policiales en servicio activo. También hubo 23 allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a los investigados y al entramado empresarial. Las autoridades incautaron teléfonos, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una red criminal logra apoyarse en exportadoras, puertos y rutas comerciales, el problema deja de ser solo policial y pasa a ser institucional. El daño cae sobre la seguridad, pero también sobre la libre empresa, porque cada fachada ilegal contamina la actividad legítima y obliga al Estado a redoblar controles.
La historia sugiere cautela. Ecuador muestra aquí una verdad incómoda: sin orden, trazabilidad y cumplimiento estricto de la ley, la economía formal se vuelve vulnerable a quienes usan el mercado para camuflar violencia. El dato importa más que el ruido. Y el dato, en este caso, es que el crimen organizado ya opera como una empresa transnacional con capacidad de corromper y comprar tiempo.
