La médica argentina Carolina Nanclares dejó el Congo hace dos semanas, pero su balance sigue siendo sombrío. «No somos para nada optimistas en que la situación esté bajo control, ni mucho menos», dijo a Infobae desde Barcelona, mientras cumple una cuarentena de 21 días antes de volver a la Argentina.
Su testimonio retrata un brote de ébola que, según el último reporte del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, suma 7.773 casos confirmados y 3.759 fallecidos, con una letalidad cercana al 48%. El virus Bundibugyo llegó a siete provincias y a 63 de las 167 zonas sanitarias de la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud lo declaró emergencia de salud pública de importancia internacional al día siguiente de la confirmación oficial del 15 de mayo.
Nanclares, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Kisangani, pone el foco en la velocidad del deterioro. «Cada treinta minutos hay una persona que se está muriendo de ébola», resumió. El brote es, además, el más mortífero de la historia congoleña, por encima del de 2018-2020, que dejó 2.280 muertes.
El problema no es solo sanitario. La médica explica que la enfermedad suele arrasar con familias enteras, porque se transmite por contacto y quien cuida al enfermo puede enfermar después. Los niños quedan especialmente expuestos: dentro de los centros de tratamiento no pueden permanecer con ningún adulto que no esté enfermo, lo que vuelve más difícil su acompañamiento.
MSF sostiene que el apoyo psicosocial es «una pata fundamental» del tratamiento. La organización también intenta enfrentar lo que describe como una tercera epidemia: la desinformación. Circulan teorías de que el personal sanitario «vienen a aniquilar a la población o a robarles los órganos», y eso alimenta el retraso en la búsqueda de atención.
Ese miedo ya tuvo consecuencias violentas. El 30 de junio, un centro de tratamiento de Nia-Nia, en Ituri, fue atacado y destruido. Para reducir recelos, MSF dice que invita a líderes comunitarios y vecinos a visitar los centros antes de abrirlos, con barreras transparentes y sin muros, «todo a la vista de todo el mundo».
La geografía agrava el problema. El brote avanza en una zona ya castigada por violencia y conflicto de larga data, además de otras emergencias sanitarias como malaria y cólera. En Ituri y los Kivus operan grupos armados como las ADF, CODECO y el M23, que se disputan zonas mineras, y la violencia limita desde hace años el acceso humanitario.
Nanclares también subraya la dispersión geográfica de los casos. Aunque los últimos datos apuntan a cierta desaceleración, siguen apareciendo focos en provincias lejanas, sin estructuras de respuesta, lo que obliga a empezar de nuevo en cada sitio. «Siempre está un paso adelante que la capacidad de respuesta», dijo.
Kisangani, por sus rutas hacia Ituri, Uganda y Kinshasa, es uno de los puntos más vigilados. Según MSF, 13 de los 14 casos positivos registrados allí hasta el 1 de septiembre estaban vinculados a Nia-Nia. Por ahora, la médica dice que «no está fuera de control» y que las cadenas de contagio se pueden seguir.
La historia sugiere cautela. Cuando una epidemia se mezcla con violencia, desinformación y debilidad institucional, la respuesta deja de ser solo médica y se vuelve también un examen de capacidad estatal y de coordinación internacional. El dato importa más que el ruido: en este caso, el sistema llega tarde, y cada retraso se traduce en más muertos.
Conviene mirar los incentivos. La contención del brote exige confianza local, acceso humanitario y una estructura de atención que funcione rápido. Si el aparato de respuesta no logra proteger a los sanitarios, aislar sin deshumanizar y comunicar con claridad, el costo recaerá sobre las comunidades más expuestas, no sobre quienes administran la emergencia desde lejos.
