El precio de los combustibles en España no descansa. Cada jornada, los surtidores de Madrid, Barcelona y el resto de ciudades actualizan sus tarifas en función de variables que van desde la cotización del crudo en los mercados internacionales hasta el tipo de cambio del dólar frente al euro. Los datos los publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El mecanismo es conocido, pero conviene recordarlo. España no es un productor de petróleo significativo, lo que la expone de forma directa a las fluctuaciones del mercado global. La oferta y la demanda mundial, las tensiones geopolíticas —guerras, sanciones—, y las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita, determinan el precio de partida. A eso se suma que el crudo se transa exclusivamente en dólares: cuando el euro se debilita frente a la moneda estadounidense, el coste de importación sube automáticamente.
Los costos de producción, distribución y transporte del petróleo y la gasolina añaden otra capa de presión sobre el precio final. Si esos eslabones de la cadena se encarecen, el consumidor lo paga en el surtidor.
Hasta ahí, la lógica de mercado. El problema empieza donde termina el mercado y comienza el aparato fiscal.
España se distingue por imponer una carga tributaria especialmente elevada sobre los combustibles. Sobre cada litro recaen, al menos, dos gravámenes diferenciados: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. El resultado es que una parte sustancial de lo que el conductor desembolsa en la gasolinera no retribuye el crudo, ni el refino, ni la logística: va directo a las arcas del Estado.
Conviene mirar los incentivos. Un sistema fiscal que grava con doble imposición un bien de primera necesidad para millones de familias y empresas no es neutral: redistribuye renta desde el sector productivo hacia el presupuesto público, reduce la competitividad de las pymes que dependen del transporte y castiga de forma desproporcionada a las comunidades rurales, donde el vehículo privado no es un lujo sino la única opción de movilidad.
El dato importa más que el ruido. Mientras el debate energético europeo gira en torno a la transición ecológica y la electrificación del parque automovilístico, la realidad cotidiana de millones de españoles sigue anclada en el surtidor. Reducir la presión fiscal sobre los combustibles —o al menos no incrementarla— sería una medida de alivio inmediata, sin necesidad de esperar a que la infraestructura de recarga eléctrica madure. La historia sugiere cautela ante gobiernos que prefieren mantener la recaudación intacta y trasladar el coste al ciudadano bajo el paraguas de objetivos climáticos.
