La Cámara de Representantes tendrá que resolver esta semana un dilema incómodo para los demócratas: si acepta dar al presidente Donald Trump más autoridad arancelaria o si bloquea una iniciativa para golpear con más fuerza a Vladímir Putin por su guerra en Ucrania.
El Comité de Reglas de la Cámara ha programado votos sobre varios proyectos, entre ellos la legislación aprobada por el Senado para sancionar a Rusia e Irán. El texto lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, a quien la pieza atribuye un fuerte respaldo a Ucrania.
La mayoría de los demócratas apoya medidas para ayudar a Ucrania frente a la invasión rusa. Pero el proyecto incluye un lenguaje que daría a Trump autoridad adicional para castigar a Rusia y a sus aliados mediante aranceles significativos. Ahí aparece la fricción política y jurídica.
Los demócratas han sido críticos durante meses del uso de aranceles por parte de Trump contra aliados de Estados Unidos como Canadá y México, medidas que además han derivado en varias batallas judiciales. Por eso, dirigentes de la bancada dijeron a comienzos de este año que se opondrían a la ley.
Gregory Meeks, Richard Neal y Don Beyer sostuvieron en un comunicado que están «firmemente» a favor de Ucrania, pero que la Lindsey O. Graham Sanctioning Russia And Iran Act «haría más daño que bien». Añadieron que el proyecto «ampliaría de forma dramática las autoridades arancelarias presidenciales» sin obligar a imponer sanciones contra Rusia, algo que calificaron de inaceptable.
Hakeem Jeffries mantuvo esa línea en una rueda de prensa el lunes. Dijo que los demócratas seguirán «al lado del pueblo ucraniano» y buscarán una vía para sacar adelante una ley de sanciones, pero atendiendo las «preocupaciones muy reales» sobre dar a Trump una autoridad que, según dijo, la Corte Suprema dejó claro que no posee actualmente y que no debería poseer porque corresponde al Congreso conforme a la Constitución.
La legislación permitiría al presidente subir aranceles hasta 500% en determinados casos, según el texto citado en la cobertura. Ese detalle explica por qué la discusión va mucho más allá de Rusia. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo cómo castigar al Kremlin, sino cuánto poder adicional se transfiere al Ejecutivo sobre el comercio.
Para los demócratas, la ecuación es políticamente incómoda. Si respaldan la ley, apuntalan una herramienta de presión contra Moscú, pero también validan una expansión del arsenal arancelario de Trump. Si la frenan, corren el riesgo de parecer tibios frente a Putin. En ambos casos, el Congreso enfrenta la misma pregunta de fondo: quién manda sobre la política comercial y con qué límites.
Ese es el verdadero centro de gravedad de la pelea. La guerra en Ucrania exige firmeza, pero el mecanismo elegido importa. Cuando una ley para sancionar a Rusia se convierte también en vehículo para concentrar más poder arancelario en la presidencia, el coste institucional deja de ser un asunto secundario. La historia sugiere cautela.
Si el Congreso quiere conservar su papel, no debería regalar competencias que luego resultan difíciles de recuperar. Y si la prioridad es defender el orden internacional, conviene hacerlo sin debilitar el equilibrio constitucional ni convertir la política comercial en un instrumento todavía más discrecional en manos del Ejecutivo.
