El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos propone una nueva estructura de tasas para estudiantes extranjeros que buscan empleo temporal en su campo de estudio mediante el programa de optional practical training (OPT).
Bajo la propuesta, los titulares de visa F-1 pagarían 70.000 dólares por una autorización inicial de OPT y 30.000 dólares por cualquier extensión posterior. Hoy, participar en OPT cuesta alrededor de 500 dólares.
OPT permite a los estudiantes extranjeros trabajar a tiempo parcial mientras estudian y a tiempo completo durante un período después de graduarse. Para participar, deben trabajar en un campo directamente relacionado con su especialidad, recibir una recomendación de un funcionario escolar designado y obtener autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas pueden optar por una extensión adicional de 24 meses.
Según DHS, la propuesta responde a fraudes y abusos generalizados detectados por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. La agencia dice que ciertas escuelas, funcionarios escolares designados, empleadores y estudiantes con visa F-1 han explotado las reglas existentes mediante arreglos ilícitos, incluidos centros de trabajo no conformes y esquemas de visa de «pagar para quedarse».
Un portavoz de DHS dijo que la formación práctica opcional «nunca fue concebida como una puerta trasera hacia la fuerza laboral estadounidense, un subsidio para la mano de obra barata o un premio para quienes manipulan el sistema».
El mismo portavoz añadió que DHS está «mejorando» OPT para obligar a los estudiantes extranjeros a justificar su valor ante los empleadores, y sostuvo que los trabajadores estadounidenses no deberían competir contra un programa que, según dijo, se ha convertido en una vía para mano de obra extranjera barata.
La propuesta también busca que las instituciones educativas ejerzan una supervisión y selectividad mayores antes de recomendar estudiantes para el programa.
Conviene mirar los incentivos. Si el costo de entrada a OPT sube a ese nivel, la barrera no solo alcanza a quienes buscan trabajar tras graduarse; también presiona a universidades, empleadores y al propio diseño del programa. El dato importa más que el ruido: el debate no es abstracto, sino sobre quién accede al mercado laboral y en qué condiciones.
Para una administración que dice combatir el fraude, el principio en juego es simple: si un programa puede ser explotado, el Estado puede corregirlo. Pero si la corrección termina convirtiendo el acceso al trabajo en un privilegio oneroso, el remedio puede castigar a estudiantes legítimos junto con los abusos. La historia sugiere cautela.
