La Coalición Sindical Nacional alertó que el desempleo en La Guaira alcanzó 96% tras los terremotos registrados el 24 de junio, una cifra que refleja la profundidad del golpe económico en la entidad.
Javier Hernández, vocero del gremio, dijo que la región atraviesa una de sus etapas más complejas en generación de puestos de empleo y denunció la exclusión de trabajadores locales en los proyectos de reconstrucción que se ejecutan en el estado.
También cuestionó que las reparaciones en estructuras afectadas por los terremotos estén bajo control militar, mientras se contrata personal proveniente de otras entidades del país como Miranda, Caracas, Valencia y el oriente venezolano. En otras palabras, la reconstrucción avanza, pero no necesariamente como motor de ingreso para quienes más han perdido.
La organización sindical anunció que impulsará acciones para exigir que la clase trabajadora de La Guaira tenga participación en esas obras. Hernández dijo: «La Coalición Sindical Nacional tomará todas las obras allá en La Guaira, en el estado Vargas. Vamos a hacer toma de todas esas obras porque somos venezolanos, somos guaireños y somos afectados».
El dato importa más que el ruido. Un desempleo de 96% no describe solo una coyuntura laboral; sugiere una economía local prácticamente paralizada, con consecuencias directas sobre consumo, servicios y capacidad de recuperación. Cuando la reconstrucción queda en manos de una estructura militar y de contrataciones externas, el incentivo para reactivar el tejido productivo local se debilita.
Hernández añadió que el sistema eléctrico en la entidad sigue presentando deficiencias, situación que afecta a muchas comunidades y sectores productivos. Dijo además: «Tengo cuatro días sin luz en mi casa allá en Vargas. No le digo nada a nadie porque no tenemos gente capacitada para remontar un cable, no tenemos trabajadores en Corporación Eléctrica Nacional».
La declaración no solo apunta a una falla de servicio; también revela la dependencia de una infraestructura que, según el gremio, no está respondiendo con suficiente capacidad técnica. Para una región golpeada por los terremotos, eso significa más costos para hogares y empresas, y menos margen para que el empleo vuelva por la vía de la actividad privada.
En una reconstrucción sana, el interés público debería ser claro: primero los afectados, luego la eficacia. Si la prioridad termina siendo el control y no la reintegración laboral de la población local, el proceso pierde legitimidad y prolonga la fragilidad económica.
Conviene mirar los incentivos. La Guaira no necesita solo obras; necesita que esas obras se traduzcan en trabajo, ingreso y estabilidad para sus propios habitantes. Cuando el aparato estatal desplaza a la mano de obra local, la recuperación deja de ser un remedio y se parece más a una oportunidad desperdiciada.
