El Congreso de los Diputados de España votó en contra de dos decretos de vivienda impulsados por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
El primer decreto recibió 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra. El rechazo era esperado desde la noche del jueves, cuando Junts anunció su oposición y pidió al gobierno redactar un nuevo texto basado en una propuesta propia.
A los votos ya previsibles del Partido Popular y Vox se sumó Junts per Catalunya, partido independentista catalán de centroderecha. El gobierno contaba con el respaldo del PSOE y Sumar, pero no logró reunir una mayoría suficiente en una cámara fragmentada.
Los decretos fueron elaborados esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid el 26 de septiembre. La chispa que detonó la movilización fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue sacada de su casa y luego ingresada en el hospital por problemas de salud. Más tarde se le permitió regresar a la vivienda en la que ha vivido de alquiler durante siete décadas.
La votación se produjo mientras miles de manifestantes se concentraban frente al Congreso para exigir la aprobación de las medidas, convocados por el Sindicato de Inquilinas. Tras el rechazo, algunas personas gritaron en la bancada de público: «los fondos buitres gobiernan el Congreso».
Sánchez intervino de sorpresa al final del debate y pidió a los diputados que «se olviden del argumentario» y piensen en «la gente de a pie». También admitió que los decretos «no van a resolver el problema de la vivienda, pero ayudarán a mitigarlo». No mencionó la opción de adelantar elecciones.
Los textos incluían medidas como la limitación de la subida del precio de los alquileres, la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por parte de los llamados fondos buitre, la prórroga de algunos contratos y renovaciones automáticas. En uno de los decretos también se contemplaban incentivos para que los propietarios bajaran el precio de los arriendos.
Junts sostuvo que con los textos propuestos no se solucionaría la crisis de vivienda y que «los especuladores podrán seguir especulando y no se frenarán los desahucios». El Partido Popular argumentó que el gobierno buscaba «cargarse» el mercado de la vivienda y señaló como problema principal el déficit de construcción de nuevas casas. Vox dijo que las medidas agravarían el problema por la retirada «significativa» de oferta del mercado.
Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, Asval, se afirmó que los decretos vulneran la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advirtió esta semana que las medidas podían tener efectos negativos sobre un mercado ya tensionado.
El dato de fondo es que la crisis de vivienda en España ya ha desbordado el debate partidista. El gobierno intentó responder con urgencia a una presión social visible, pero el Parlamento dejó claro que una parte decisiva de la cámara no acepta remedios que puedan erosionar la oferta o castigar la inversión privada.
Conviene mirar los incentivos. Si el Estado interviene sobre alquileres, desalojos y contratos sin ampliar la construcción, el riesgo es trasladar el problema hacia menos vivienda disponible y más conflicto jurídico. La protección del inquilino es una demanda política legítima; convertirla en una arquitectura de restricciones sin seguridad para el propietario puede terminar perjudicando justamente a quien dice defender.
El fracaso de los decretos no resuelve la crisis habitacional, pero sí expone una verdad incómoda: en materia de vivienda, el atajo regulatorio tiene límites. Sin oferta nueva y sin reglas estables para el capital privado, el aparato estatal puede retrasar el ajuste, no eliminarlo.
