El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este miércoles «cazar» a «todos» los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato del senador conservador Miguel Uribe Turbay, muerto hace más de un año tras recibir disparos con 39 años.
Las declaraciones fueron hechas durante la puesta de largo del Centro de Liderazgo Valiente que lleva el nombre de Uribe Turbay. Allí, De la Espriella dijo que se trata de un asunto de «importancia nacional» esclarecer quién está detrás de la muerte del político.
El mandatario aseguró que ya se detuvo a quien «apretó el gatillo» y sostuvo que la tarea pendiente es identificar a quien ordenó el crimen. También apuntó hacia posibles responsabilidades de la oposición de izquierdas.
«Los voy a cazar uno a uno», afirmó en referencia a quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay, a quien describió como un político en ascenso que estaba por postularse como candidato presidencial.
De la Espriella añadió que, después del atentado, había dicho que si la víctima se hubiese recuperado no se habría presentado a las elecciones que finalmente ganó. «Hubiese sido un gran presidente», agregó.
Según el presidente, las críticas que le dirigió el anterior mandatario, Gustavo Petro, fueron «la orden». También dijo que la muerte de Uribe Turbay «servía al régimen que él denunciaba».
En el acto, De la Espriella recibió el premio al líder valiente 2026 y propuso dar el nombre de Miguel Uribe Turbay a una plaza en Colombia. Además, anunció que Miguel Uribe, padre del homenajeado, será nombrado embajador de Colombia en Reino Unido.
La muerte del senador, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay, se convirtió en un símbolo de la reciente violencia política en Colombia, agravada en la pasada campaña electoral.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un asesinato político queda rodeado de acusaciones cruzadas y de una pelea por la narrativa, el deber elemental del Estado es despejar dudas, no administrarlas. La justicia no puede quedar subordinada a la coyuntura ni a la conveniencia de ningún bloque.
Para Colombia, el caso mide algo más que una tragedia personal: mide si las instituciones pueden imponer orden frente a la violencia política. Si la respuesta estatal es lenta o ambigua, gana el mensaje de impunidad; si es firme, gana la idea de que la vida y la competencia democrática todavía valen más que el cálculo partidista.
