Un tribunal de Seúl ordenó a Corea del Norte pagar 44.6 mil millones de won, unos 32.5 millones de dólares, por volar por los aires la oficina de enlace intercoreana en 2020.
La decisión, emitida el miércoles por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, dio la razón al gobierno surcoreano en una demanda presentada en 2023. Corea del Sur describió la detonación del edificio en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong como un acto ilegal y violento que violó acuerdos previos entre ambos países y dañó gravemente el «respeto mutuo y la confianza».
La oficina había sido construida para fomentar mejores relaciones entre las dos Coreas. Funcionó durante meses con unos 20 funcionarios de cada lado, hasta que sus operaciones quedaron suspendidas en enero de 2020 por la pandemia de COVID-19.
En junio de 2020, Corea del Norte usó explosivos para destruir el edificio después de días de tensiones crecientes, provocadas por el envío de folletos contra Pyongyang en globos desde el sur. Las fuentes también señalan que el inmueble estaba vacío en el momento de la detonación.
El fallo tiene un peso sobre todo simbólico. Corea del Sur no tiene una vía clara para obligar al Norte a pagar en medio de una ruptura diplomática, y expertos citados por Al Jazeera consideran poco probable que Pyongyang entregue indemnización alguna.
La sentencia llega después de años de deterioro en las relaciones intercoreanas. En 2018, Moon y Kim celebraron tres cumbres, pero el acercamiento se desmoronó tras la reunión de Hanoi entre Kim y Trump en 2019, cuando Estados Unidos rechazó la demanda norcoreana de un alivio amplio de sanciones a cambio de una renuncia parcial a su capacidad nuclear.
La demanda fue presentada bajo el gobierno conservador de Yoon Suk-yeol, que adoptó una línea dura frente a Corea del Norte antes de ser destituido tras su declaración de ley marcial en diciembre de 2024. El gobierno actual de Lee Jae Myung ha suavizado el tono, pero hasta ahora Pyongyang ha ignorado sus llamados a reanudar la diplomacia.
Conviene mirar los incentivos. Un tribunal puede fijar daños, pero no puede fabricar cumplimiento donde ya no existe confianza política ni un canal efectivo de presión. Para Seúl, la sentencia reafirma el principio de responsabilidad; para Pyongyang, añade otra capa de aislamiento en una relación ya rota.
También importa la señal institucional. Cuando una oficina pensada para el diálogo termina destruida y su reparación queda reducida a una cifra en una sentencia, el orden internacional revela su límite práctico: puede juzgar, pero no siempre ejecutar. La diplomacia, como el derecho, depende de que las partes acepten reglas mínimas de convivencia.
