El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para armonizar la Constitución capitalina con la federal y aplazar la elección judicial hasta junio de 2028.
La votación fue de 46 votos a favor y 17 en contra. El ajuste también establece que la persona que ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir Rafael Guerra, continuará en su puesto hasta septiembre de 2028.
El dictamen precisa que los cargos de magistrados y jueces que no hayan sido votados en 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán el primer domingo de junio de 2028. Además, las personas magistradas y personas juezas que concluirán su encargo en el año de la elección ordinaria 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, hasta que tomen protesta quienes emanen de la elección respectiva.
La reforma también cambia el calendario de preparación del proceso. Ya no comenzará en septiembre, sino con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México realice en los primeros siete días de abril del año anterior a la elección, en este caso 2027.
El Congreso publicará la convocatoria para la integración de candidaturas a más tardar el 30 de abril de 2027. Esa convocatoria contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas, plazos improrrogables y los cargos a elegir.
Entre los cambios aprobados, los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial dejarán de integrar una lista de 10 personas. Ahora la lista será de los cuatro aspirantes mejor evaluados para cada cargo. Después, esa relación se depurará mediante tómbola pública para ajustarla a dos personas por cada cargo.
También se estipula que los Comités garantizarán la paridad de género en el listado de personas a insacular por materia o especialidad, de ser aplicable, y en el listado posterior a la insaculación. Ya ajustados los listados, los Comités los remitirán a la autoridad que representan —Ejecutivo, Legislativo o Judicial—, quienes finalmente postularán de manera oficial a dos personas para cada cargo.
Con las modificaciones aprobadas, desaparecen dos requisitos que hoy se piden a aspirantes a jueces y magistrados: entregar un ensayo de tres cuartillas y remitir cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad.
Al fundamentar el dictamen, Alberto Martínez Urincho dijo que las reformas permiten adecuar las atribuciones de los órganos que conforman el Poder Judicial capitalino y regular los procedimientos para la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Martínez Urincho sostuvo que la reforma representa un esfuerzo para impulsar una reestructuración profunda, atender las demandas históricas de justicia, combatir la impunidad y alinear las instituciones con los principios de transparencia, austeridad y representación popular. También afirmó que el dictamen preserva la congruencia con el sistema constitucional nacional y da mayor claridad, precisión y certeza jurídica.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una elección se aplaza y las reglas de transición se extienden, el resultado inmediato es simple: más tiempo para la estructura que ya está dentro del aparato judicial capitalino. El discurso habla de reestructuración y certeza; el efecto político concreto es diferir la rendición de cuentas que supondría una renovación más rápida.
También hay una cuestión de principio. Si el objetivo es fortalecer la confianza pública, el calendario y la forma de selección importan tanto como los lemas sobre transparencia. Un Poder Judicial que se renueva tarde y con procedimientos largos puede ganar orden formal, pero también corre el riesgo de consolidar inercias. El dato importa más que el ruido: 2028 queda ahora como la fecha en la que la capital medirá si esta apuesta produjo justicia más clara o simplemente prolongó la misma arquitectura por más tiempo.
