La comunidad judía en Colombia marcó el 7 de octubre con un mensaje claro: la relación con Israel pasó de la hostilidad a una cercanía que ahora el Gobierno presenta como prioridad diplomática. En una ceremonia por el tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel, con presencia de la embajadora israelí Vivian Asvei, del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del representante Daniel Briceño, el ambiente fue de celebración del giro institucional.
El punto más visible de ese cambio será la apertura oficial de la embajada de Colombia en Jerusalén la próxima semana. Según Lara, esa relación es «prioridad para el Gobierno» de Abelardo De La Espriella, y la embajadora Asvei subrayó la importancia del gesto para el restablecimiento de los lazos bilaterales.
La ceremonia también fue una rendición de cuentas política. George Levy, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, sostuvo que durante el gobierno de Gustavo Petro la relación se deterioró hasta extremos que afectaron la diplomacia y la vida cotidiana de la comunidad judía. Dijo que la embajada dejó de funcionar, que a los colombianos que querían viajar a Israel se les exigía visa y que el Ejecutivo respaldó una demanda ante la Corte Penal Internacional por genocidio en Gaza.
Levy fue más allá y afirmó que el gobierno anterior se convirtió en «parlante y promotor de toda la narrativa antijudía». También recordó la «prohibición de exportaciones de carbón», la «demonización del Estado de Israel a diario» y la promoción de «selfie-flotillas», en una enumeración que buscó dejar constancia del costo político y económico de ese viraje.
Briceño, por su parte, dijo que el gobierno anterior intentó romper la relación, pero no logró quebrar los lazos entre ambos pueblos. Añadió que la comunidad judía puede contar con su curul para defender «su derecho a vivir su fe y su identidad en libertad», y para enfrentar el antisemitismo «sin importar de dónde venga».
En el mismo acto, Lara vinculó la memoria del 7 de octubre con la experiencia colombiana frente al terrorismo. Recordó que su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por narcoterroristas, y mencionó a Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño entre los colombianos muertos en el festival Nova. La escena dejó una lectura más amplia: la solidaridad con Israel ya no se presenta solo como afinidad exterior, sino como una definición de orden interno sobre seguridad, memoria y libertad religiosa.
La política exterior también es una cuestión de incentivos. Cuando un gobierno decide premiar o castigar aliados por razones ideológicas, el costo lo pagan la credibilidad del Estado, la estabilidad de las relaciones y, en ocasiones, sectores concretos de la economía. Aquí, el giro hacia Jerusalén no solo expresa una nueva preferencia diplomática; también busca reparar una señal anterior de aislamiento y hostilidad.
Conviene mirar los incentivos. Para una comunidad pequeña, la protección institucional importa; para un país, la coherencia entre discurso y alianzas también. Si la nueva etapa se sostiene con hechos, no con retórica, el beneficio será doble: mayor previsibilidad exterior y una señal interna de que el Estado vuelve a distinguir entre activismo político y garantías básicas.
El dato importa más que el ruido. Lo que queda sobre la mesa es una relación recompuesta, una embajada en Jerusalén y un mensaje político inequívoco. En un entorno regional volátil, la pregunta no es si habrá gestos, sino si el Estado colombiano mantendrá una política exterior alineada con la seguridad, la libertad de culto y la defensa de sus alianzas más estables.
