El proyecto que avanza en el Congreso busca restringir el acceso de menores de 14 años a las redes sociales y fija un marco regulatorio para las plataformas que operan en Colombia. La iniciativa fue radicada por el representante Germán Rozo y ya fue aprobada en primer debate de la Cámara; ahora deberá surtir un segundo debate en esa corporación antes de pasar al Senado.
La propuesta contiene 15 artículos con prohibiciones explícitas para las plataformas, sanciones por incumplimiento y obligaciones para evitar el uso indiscriminado de niños y adolescentes. De acuerdo con el creador de la iniciativa, su objetivo es proteger a los menores de edad, garantizar la seguridad digital y fijar responsabilidades a las redes, manteniendo el equilibrio con la libertad de expresión.
El alcance del proyecto sería para todas las plataformas nacionales y extranjeras que operen en el país, para los usuarios dentro del territorio nacional y para las entidades gubernamentales de supervisión. En su artículo 6, la iniciativa establece que «las plataformas de redes sociales tendrán la obligación de restringir el acceso y el registro de menores de 14 años, salvo en aquellas diseñadas específicamente para menores con control parental y aprobación expresa de sus representantes legales».
Además, el proyecto estima que estas redes deberán implementar un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios. También quedarían obligadas a bloquear el registro y uso a menores de 14 años, salvo en aplicaciones diseñadas específicamente para niños con control parental y autorización expresa de representantes legales.
La carga regulatoria no se detiene ahí. Toda plataforma con más de 100.000 usuarios activos en el país tendría que contar con una oficina física y representación legal para atender a autoridades, usuarios y procesos judiciales. Las redes que operen en Colombia también deberán publicar informes semestrales de moderación de contenidos, explicar el funcionamiento de algoritmos de recomendación y publicidad, y solicitar consentimiento informado previo para el uso de datos.
En caso de incumplimiento, las plataformas podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si hay incumplimientos reiterados, la Superintendencia de Industria y Comercio, que actúa como autoridad sancionadora, podría ordenar el bloqueo temporal o permanente en el territorio nacional.
La iniciativa además prohibiría la creación de cuentas falsas o el uso de identidades ficticias, el registro y acceso de menores de 14 años a plataformas no autorizadas para su edad, la difusión de información falsa con intenciones de manipular la opinión pública o difamar y la retención de datos personales sin consentimiento expreso.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado eleva el costo de operar, también cambia la manera en que innovan las plataformas, cómo se protegen los datos y cuánto margen conserva el usuario para decidir sobre su vida digital. La protección de menores es un fin legítimo, pero el remedio regulatorio debe cuidarse de no convertirse en una burocracia que termine castigando la competencia y la libre empresa.
También hay una pregunta de fondo sobre el equilibrio entre seguridad y libertad de expresión. Un marco de este tipo puede corregir abusos reales, pero su efectividad dependerá de cómo se aplique y de si la supervisión pública evita excesos. El dato importa más que el ruido: en un mercado digital cada vez más concentrado, la regulación puede ordenar; pero si se desborda, también puede sofocar.
