La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de garantizar el derecho a una muerte digna y sostuvo que cualquier regulación del tema exige un estándar de seguridad jurídica y protección de derechos. Para el organismo, toda persona tiene derecho a vivir con dignidad hasta el último momento.
En un comunicado, la CNDH afirmó que una enfermedad grave, irreversible o terminal no debe disminuir los derechos de quien la padece, ni tampoco la edad, la discapacidad o la necesidad de ayuda para las actividades cotidianas. El organismo planteó que el debate sobre muerte digna, eutanasia o asistencia médica para morir involucra cuestiones básicas de derechos humanos, como el acceso a la salud, el alivio del dolor, el consentimiento informado, la voluntad anticipada y los límites de la intervención médica.
La CNDH destacó que en los últimos años México ha avanzado en el reconocimiento de derechos relacionados con la vejez y el final de la vida. Mencionó, entre otros, el trato digno, los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, y la posibilidad de otorgar o negar el consentimiento respecto de tratamientos y medicamentos, así como expresar de manera anticipada la voluntad.
Aun así, el organismo sostuvo que hace falta ir más allá. Dijo que no se trata de instaurar el derecho al suicidio, sino de garantizar plenamente el derecho a la vida digna y a la muerte digna para quienes padecen enfermedades incurables y progresivas. En esa lógica, subrayó que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones que permitan a las personas tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y el proceso final de su vida.
La CNDH también señaló que iniciativas como la Ley Trasciende tienen una orientación compatible con la progresividad de los derechos humanos, porque buscan ampliar el significado de la autonomía al final de la vida. Para el organismo, la lucha por una vida digna debe alcanzar igualmente una muerte digna.
El punto central, sin embargo, no es solo ampliar opciones, sino evitar que la precariedad las distorsione. Conviene mirar los incentivos: una regulación mal diseñada podría convertir la falta de atención, la soledad o la pobreza en factores que empujen decisiones irreversibles sin verdadera libertad. La CNDH advirtió que no debe debilitarse el acceso a cuidados paliativos, al tratamiento del dolor, a la atención médica ni a los cuidados.
El organismo dijo que cuando el dolor permanece y la calidad de vida se reduce sin atención, o cuando la pobreza o la soledad limitan alternativas, corresponde al Estado reconocer esas carencias y atenderlas. También sostuvo que el abandono estructural compromete las condiciones para ejercer la libertad y la autonomía.
Además, planteó que una eventual regulación debe incorporar un estándar de seguridad jurídica y protección de derechos, para evitar que condiciones de dependencia, pobreza o discriminación condicionen una decisión autónoma. Según la CNDH, cualquier esquema tendría que contemplar información completa, valoraciones médicas adecuadas, capacidad para comprender la decisión, ausencia de coerción y posibilidad de reconsiderarla.
El organismo añadió que también se necesitan mecanismos para identificar violencia, intereses patrimoniales o presiones familiares, junto con controles institucionales claros. La deliberación, dijo, debe incluir a profesionales de la salud, especialistas en bioética, víctimas, personas enfermas, cuidadores, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
La discusión importa porque revela una tensión clásica entre autonomía individual y responsabilidad pública. Si el Estado va a abrir una puerta tan delicada, no puede hacerlo a medias ni dejar el diseño institucional en manos de la improvisación. La libertad real depende de garantías reales, no de declaraciones solemnes.
Al mismo tiempo, el debate vuelve a poner en el centro una tarea básica del aparato estatal: asegurar atención, alivio del dolor y condiciones dignas antes de hablar de decisiones irreversibles. Si el sistema falla en lo elemental, cualquier derecho nuevo corre el riesgo de quedar atrapado por la desigualdad. La pregunta de fondo no es solo qué permite la ley, sino qué clase de protección ofrece a los más vulnerables.
