Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, despertó el martes después de que sus médicos entendieran el lunes por la noche que estaba con «muerte cerebral» y que el soporte vital sería retirado al día siguiente, dijo su abogado Randy Spivey.
Spivey explicó que Pike «estaba con muerte cerebral» y que el martes «se despertó y empezó a hablar». Ahora está en un hospital, donde puede hablar de forma limitada y sabe identificarse.
La mujer sobrevivió la semana pasada a dos dosis de pentobarbital administradas en una ejecución en un penal de Tennessee. Según los abogados, fue trasladada luego a un hospital en estado crítico.
Un anestesiólogo contratado por su defensa como perito, Joel Zivot, dijo a la BBC que Pike ya no estaba conectada al respirador. También señaló que ella no tiene «ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución».
El caso reactivó la discusión sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El gobernador suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente, y el jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.
El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales preservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video. El departamento de Correcciones de Tennessee sostiene que siguió el protocolo.
Según el material judicial citado en la nota, Pike, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996. Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena por cadena perpetua.
En paralelo, Texas llevó a cabo una ejecución por inyección letal el 7 de octubre por la noche, la primera en Estados Unidos desde lo ocurrido con Pike. Jamaal Howard fue declarado muerto a las 20H03 hora local.
El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo una ejecución fallida, sino la credibilidad de un sistema estatal que dice seguir el protocolo mientras deja una estela de dudas, pruebas bajo custodia judicial y una condenada que no murió cuando el aparato público esperaba cerrar el caso.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado administra la pena capital, cualquier error operativo deja de ser un detalle técnico y se convierte en una cuestión de poder, responsabilidad y control. Tennessee ha frenado las ejecuciones; ahora deberá demostrar si su aparato de justicia puede sostener, sin atajos, el peso de una sanción irreversible.
