El Ministerio de Ciencia chileno prepara una indicación sustitutiva al proyecto de Ley Marco de Inteligencia Artificial, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa, ingresada en abril de 2023, nació bajo una lógica cercana a la ley de IA europea: clasificar los sistemas según su nivel de riesgo, prohibir determinados usos y fijar obligaciones especiales para los de alto impacto.
El contexto no es casual. Cuando la Unión Europea decidió postergar la entrada en vigencia de algunas de sus disposiciones más exigentes, el debate global empezó a cambiar de tono. Los costos de cumplimiento y el impacto sobre la innovación tensionaron un modelo que, para varios países, resultó más burocrático que eficaz.
La ministra Ximena Lincolao presentó preliminarmente ante el Senado la nueva orientación: la regulación, por sí sola, no genera liderazgo tecnológico. Requiere infraestructura, talento, datos, capacidad de cómputo y certeza jurídica. Según el ministerio, Chile está muy por detrás de Estados Unidos, Japón o Singapur en capacidad computacional para entrenar modelos avanzados, aunque cuenta con una ventaja regional: servicios cloud en su territorio y disponibilidad de GPU.
La modificación central sería abandonar la clasificación de cuatro categorías de riesgo, que hoy carece de un reglamento capaz de anticipar con certeza qué obligaciones corresponden a cada sistema. En su lugar, se propone una regulación más proporcional al impacto real, con estándares técnicos actualizables, certificaciones y auditorías voluntarias. Desaparecerían también las sanciones específicas por inteligencia artificial, para evitar superposiciones con las leyes de datos, ciberseguridad, consumo, propiedad intelectual y medioambiente.
Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), ve en el cambio una oportunidad para construir una legislación más sostenible: «Tiene que ser muy liviana, porque vamos conociendo cada vez más de la IA». A su juicio, el modelo europeo resulta demasiado pesado para la capacidad de América Latina y Chile. Álvaro Soto, de la UC, coincide en que el giro busca equilibrar la prevención de riesgos con el impulso a la innovación.
Gonzalo Álvarez, de la U. Central, describe el viraje como un cambio de paradigma: «Se pasa de un esquema precautorio europeo a uno de habilitación, con supervisión, guías técnicas internacionales y sanciones por daño concreto». Pero advierte que la flexibilidad no puede convertirse en vacío normativo: «El desafío es reemplazar la certeza europea por otra igualmente nítida».
Los sandboxes regulatorios serán uno de los ejes de la propuesta, con espacios controlados que permitirían desarrollo, entrenamiento y despliegue de sistemas bajo acompañamiento regulatorio, incluida la suspensión temporal de ciertas normas. Se sumarían zonas de innovación geográficas y tecnológicas, con acceso a infraestructura computacional compartida y trámites administrativos acelerados, además de sandboxes educacionales.
No todas las voces celebran sin reservas. Durán advierte que, por su costo, estos mecanismos pueden terminar beneficiando principalmente a actores grandes. Camilo Garrido, de la U. Mayor, plantea una advertencia similar: «Un sandbox debe permitir experimentar con tecnología, pero no experimentar con los derechos de las personas». Patricio Cavieres, de la U. Gabriela Mistral, agrega el riesgo de captura regulatoria si las grandes empresas terminan moldeando un marco a su medida; la transparencia, dice, será crucial.
El tránsito de un régimen de infracciones a uno centrado en el daño efectivo es, según el ministerio, la vía para reducir el temor a innovar, en particular en servicios públicos. Álvarez y Garrido coinciden en que ciertos daños —masivos, difusos o irreversibles— no pueden esperar a que aparezca una víctima identificable.
El dato importa más que el ruido: Chile reconoce que carece de la escala computacional de las potencias líderes y opta por competir con reglas más livianas antes que con más burocracia. Es una apuesta razonable para un país pequeño que no puede darse el lujo de asfixiar a su propio ecosistema tecnológico con un traje regulatorio pensado para Bruselas.
La historia sugiere cautela sobre el resultado final: la proporcionalidad bien diseñada puede liberar innovación, pero si la letra chica queda en manos de quienes tienen recursos para litigar y certificar, el sandbox corre el riesgo de convertirse en un privilegio para pocos. Conviene mirar los incentivos que finalmente queden escritos en la indicación sustitutiva, no solo el discurso que la acompaña.
