Veintiún migrantes marroquíes fueron detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento contra una patrulla de las Fuerzas Armadas y contra guardias civiles, sin que se registraran heridos, según fuentes policiales citadas por EFE. El incidente ocurrió la noche del sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, donde centenares de migrantes duermen a la intemperie más de un mes después de que cerca de 80.000 personas entraran ilegalmente desde Marruecos.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) lamentó los episodios y sostuvo que se repiten porque la Guardia Civil no está «investida de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente». Es un diagnóstico que apunta directamente al vacío de mando, no a la falta de medios.
La crisis, iniciada el 30 y 31 de julio, sigue sin resolverse. La mayoría de quienes entraron entonces regresó voluntariamente a Marruecos días después, pero miles permanecen en la ciudad, deambulando por barrios periféricos o instalados en chabolas junto a la playa, con acceso limitado a agua y alimentos. Las cifras oficiales varían según quién las calcule: el Gobierno español habla de 5.000 personas, las autoridades locales de Ceuta elevan la cifra a cerca de 9.000, y algunas ONG sostienen que son 20.000. El dato importa más que el ruido, y aquí el propio Estado no logra ponerse de acuerdo sobre la magnitud del problema que administra. Otros 1.500 menores han sido puestos a disposición del Gobierno de la ciudad y viven en centros habilitados para la emergencia.
En ese contexto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, firmó el sábado una orden para tomar el control del Puerto de Ceuta, al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, y autorizar la instalación de carpas en 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, en el muelle de Poniente, para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes. La medida llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta —controlado por la propia ciudad— votara en contra de la instalación solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones. El Ministerio invocó «la excepcionalidad de la situación» para imponer su criterio sobre el del ente local.
Vecinos y empresarios de Ceuta se opusieron a la medida y exigieron la paralización de las obras, un reclamo que revela hasta qué punto la gestión de la crisis migratoria ha empezado a chocar con el uso ordinario de infraestructura pública y con la actividad económica de la ciudad. Donald Trump, por su parte, calificó recientemente a España de «país arruinado» y llamó «muy triste» la entrada masiva de migrantes a Ceuta, comentario que, más allá de su tono, reflejó la atención internacional que ha ganado el episodio.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Gobierno central desplaza a una autoridad portuaria electa localmente para imponer una solución de emergencia, y cuando esa solución convive con episodios recurrentes de violencia contra las fuerzas de seguridad, el mensaje que recibe la ciudadanía de Ceuta es que el control del territorio y de sus instituciones está, en la práctica, en disputa. La firmeza en la frontera y la autoridad efectiva de quienes deben hacerla respetar no son gestos simbólicos: son la condición previa para que cualquier política de acogida sea sostenible y no termine, como advierte la ATME, en un ciclo de disturbios sin consecuencia real. La historia sugiere cautela ante gobiernos que resuelven crisis de orden público con carpas y decretos de urgencia, en lugar de con una estrategia de frontera clara y sostenida en el tiempo.
