El abogado Samuel Donoso Boassi, defensor de Patricio Contesse, pidió a la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar los recursos de nulidad presentados por los querellantes y el Ministerio Público contra la resolución que absolvió a los ocho acusados por el caso SQM.
Contesse fue uno de los favorecidos por el fallo. Durante 25 años fue gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile y mano derecha de Julio Ponce Lerou, según la reseña judicial recogida en la audiencia.
«Lo que hay es un cuestionamiento a la valoración de la prueba y eso es un recurso de apelación, no de nulidad», dijo Donoso este jueves, en medio de las réplicas de las partes. El abogado también señaló que su representado tiene 74 años y que lleva 11 años y medio sometido a este proceso, de los cuales 6 años y 9 meses estuvo sujeto a medidas cautelares de alta intensidad.
Donoso enfrenta a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ante el tribunal de alzada. La persecutora sostiene que las juezas del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, tras 560 jornadas de juicio, fallaron con «sesgo, prejuicio y falta de imparcialidad» al absolver al ex gerente general de SQM y al resto de acusados.
Los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago comenzaron el martes y concluirán este viernes. La discusión pone en el centro no solo el destino del caso SQM, sino también la eficacia de un aparato judicial que puede tardar más de una década en cerrar una causa de alto impacto público.
Perivancich, además, lleva más de dos años a cargo de investigaciones en las que se indagan eventuales delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho en diversos nombramientos y causas judiciales. En esa causa, surgida como una arista del caso Audio por el análisis de la mensajería del celular incautado a Luis Hermosilla, Donoso enfrenta imputaciones del Consejo de Defensa del Estado por eventuales actos de corrupción.
En el expediente figura como imputado el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. En su testimonio ante el Ministerio Público, Hermosilla afirmó que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema y sostuvo que ambos, junto con Donoso, conversaban sobre los candidatos que consideraban idóneos para asumir cargos judiciales.
Donoso también fichó al abogado Eduardo Riquelme para configurar su defensa en este caso, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera. Riquelme milita desde hace más de 30 años en Renovación Nacional y tiene nexos tanto en la política como en la academia.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una causa se prolonga durante 11 años y medio, con 560 jornadas de juicio y nuevas rondas de impugnación, la señal para los ciudadanos es que la justicia no solo debe ser imparcial: también debe ser rápida y previsible. Un sistema que se demora tanto encarece la incertidumbre para todos y debilita la confianza en las instituciones.
También importa el principio de responsabilidad. Si la disputa termina siendo, como sostiene Donoso, una diferencia sobre la valoración de la prueba, el debate no es menor: está en juego la frontera entre un recurso legítimo y una estrategia para prolongar una disputa ya resuelta por el tribunal oral. En esa frontera se mide la fortaleza del Estado de derecho.
