Michael Caputo, exoficial de la campaña de Trump, sostiene que una década de guerra jurídica lo obligó a salir de su casa y le provocó cáncer por el estrés. Ahora enfrenta una nueva demanda presentada por Gilbert Hyatt, un inventor de 88 años, a través de Jack Korba, exabogado del Departamento de Justicia y hoy en práctica privada en Washington.
Hyatt lo demanda por incumplimiento de contrato y fraude. El conflicto gira en torno a un pago de 100.000 dólares a la firma de relaciones públicas de Caputo para cabildear ante la segunda Casa Blanca de Trump la creación de una «Pioneering AI Foundation» al estilo de la Smithsonian.
Caputo niega las acusaciones. Korba, por su parte, incorporó en la demanda señalamientos severos: comparó a Caputo con Benedict Arnold, lo acusó de sabotaje, citó a Vladimir Putin y sugirió vínculos con «inteligencia rusa». Caputo respondió que Korba está «obsesionado» con él y lo comparó con el capitán Ahab, de «Moby Dick».
El caso no se limita a una disputa contractual. Caputo afirma que Korba utilizó material obtenido durante una investigación previa del Departamento de Justicia y presentó el viernes una queja ética ante la Oficina de Asesoría Disciplinaria de Washington, D.C., alegando conflicto de interés y uso de información que solo pudo extraer del examen previo de cinco años sobre su caso. También cuestionó la capacidad de Hyatt para dirigir la demanda.
La nota más amplia es política. Caputo fue arrastrado a dos operaciones del FBI contra aliados de Trump: la pesquisa de Russiagate tras Crossfire Hurricane y Round River, descrita como una protección para Biden. Según la fuente, el FBI y el Departamento de Justicia obtuvieron en secreto contenido de sus cuentas de Google, incluidos correos, fotos, calendario, contactos, historial de ubicaciones y metadatos del dispositivo. Caputo no fue acusado y el caso se cerró en diciembre pasado.
Round River, según la misma fuente, operó desde fines de 2019 hasta la campaña de 2020 y desacreditó como «desinformación rusa» múltiples reportes de informantes confidenciales del propio FBI sobre Joe Biden, Hunter Biden, Burisma y Ucrania. Entre quienes fueron señalados como «conductos» de desinformación aparecieron Bill Barr, Mike Pompeo, Rudy Giuliani, Chuck Grassley, Ron Johnson y Jim Jordan.
Nikki Floris, exsubdirectora adjunta del FBI para contrainteligencia, aparece en una charla interna desclasificada diciendo: «I’m basically running a shadow government across the FBI», que en español equivale a «Prácticamente estoy dirigiendo un gobierno en la sombra dentro del FBI». Floris dejó la agencia en mayo para trabajar en Microsoft.
El dato importa más que el ruido. Lo que se discute aquí no es solo la credibilidad de un demandante o de un acusado, sino el uso de aparatos estatales y redes legales para prolongar una disputa política mucho después de que la investigación original quedó archivada. Cuando una controversia civil arrastra el lenguaje de la seguridad nacional, el incentivo perverso es evidente: elevar el costo para el adversario, aun si el expediente ya no aporta cargos penales.
Conviene mirar los incentivos. Si las acusaciones sobre «desinformación rusa» pueden reciclarse en litigios privados y volver al centro del debate antes de unas elecciones, el resultado no es solo más ruido político: es una erosión adicional de la confianza en las instituciones que deberían investigar, acusar y juzgar con límites claros. Allí se juega algo básico para una democracia de mercado: que el poder público no se convierta en una herramienta de hostigamiento permanente.
