El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo en la causa que investigó un presunto financiamiento a Revolución Federal. Según la resolución, no se pudo acreditar que los pagos vinculados con la compra de muebles y servicios de carpintería tuvieran como objetivo sostener a la agrupación.
La decisión descarta una de las líneas más sensibles del expediente. La investigación había arrancado tras detecciones de la Unidad de Información Financiera sobre transferencias por más de 6,5 millones de pesos desde los fideicomisos «Espacio Añelo» y «Santa Clara del Sur», administrados por Caputo Hermanos, hacia cuentas de Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa.
Martínez De Giorgi sostuvo que no apareció ningún elemento que permitiera considerar que el trabajo realizado por Morel ni las ganancias obtenidas por esos servicios hubieran tenido una finalidad delictiva. También afirmó que los proveedores existían, que los bienes y servicios fueron prestados y que los muebles terminaron en el edificio de Espacio Añelo.
La resolución agrega que las operaciones comerciales estuvieron respaldadas, en su mayoría, por facturas, órdenes de pago y transferencias bancarias. Además, el juez valoró que el vínculo comercial con Morel era anterior al nacimiento de Revolución Federal y que Rosana Caputo ya había encargado un primer trabajo a fines de 2021.
En otra parte del expediente, el mismo magistrado envió a juicio oral a integrantes de Revolución Federal, entre ellos Morel, por mensajes violentos, convocatorias y amenazas contra figuras públicas que precedieron el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. También quedaron alcanzados Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa, Lidia Casciano y Gastón Guerra.
La Cámara Federal porteña había confirmado los procesamientos bajo la figura de incitación a la violencia colectiva, prevista en el artículo 212 del Código Penal. El expediente también incorpora investigaciones conexas por amenazas atribuidas a Morel contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
Revolución Federal fue un grupo nacido en redes sociales que organizó marchas, escraches y consignas agresivas contra dirigentes kirchneristas. Entre otros episodios, en julio de 2022 realizó una marcha en Plaza de Mayo con antorchas y una guillotina con el logo de la coalición peronista.
La causa deja una lección institucional incómoda: una sospecha política intensa no reemplaza la prueba. Conviene mirar los incentivos, pero también la evidencia. Cuando un expediente mezcla financiamiento, activismo violento y nombres de alto perfil, el sistema judicial debe separar con precisión lo que fue un pago comercial de lo que pudo ser un aporte encubierto. Aquí, al menos en la línea que involucra a los Caputo, el juez entendió que no hubo sustento para lo segundo.
Para el gobierno y para los contribuyentes, el dato relevante es otro: la Justicia mantuvo viva la persecución penal contra los presuntos responsables de las amenazas, pero no avaló extender esa sospecha a una familia empresaria sin prueba suficiente. Esa distinción protege algo más que a unos imputados; protege el principio de que la libertad económica y la contratación privada no deben quedar subordinadas al clima político del momento.
